La Fiscalía de Perú presentó este jueves una nueva denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, señalándola como presunta autora de lesiones graves y leves contra ciudadanos que participaron en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzos de 2023.
Este procedimiento, reservado para altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, requiere la aprobación del Congreso antes de iniciar un eventual juicio. De obtener luz verde legislativa, la denuncia podría marcar un punto de inflexión en la crisis política que atraviesa el país.
La acusación fue formulada por el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público. Además de Boluarte, incluye a los expremiers Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, y al extitular de Defensa Jorge Chávez.
Según la Fiscalía, estas autoridades son responsables del uso excesivo de la fuerza durante las movilizaciones sociales que se extendieron por regiones como Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
Las investigaciones apuntan a que los mencionados estaban plenamente informados de la actuación represiva de las fuerzas del orden y que, a pesar de ello, no tomaron medidas para evitarla. En total, la Fiscalía ha identificado 75 víctimas de lesiones en este periodo.
En su comunicado, el Ministerio Público destacó que los daños fueron consecuencia de la actuación conjunta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, cuya intervención habría vulnerado el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Esta nueva denuncia se suma a otra presentada el 30 de julio de 2024 por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves, también en el contexto de las mismas protestas. Aquel expediente ya incluía a Boluarte y a seis exministros de su gabinete.
Según el detalle de esa primera denuncia, 44 personas murieron y 116 resultaron heridas en nueve regiones del país. De las muertes registradas, 41 fueron por impacto de proyectil de arma de fuego y tres por golpes con objetos contundentes.
En cuanto a los heridos, la Fiscalía informó que 78 presentaron lesiones causadas por armas de fuego, 27 por impactos con objetos duros, seis por bombas lacrimógenas y cinco por otros medios. Las cifras reflejan un patrón de represión que ha encendido alarmas a nivel nacional e internacional.
Organismos de derechos humanos han advertido que la respuesta estatal a las protestas no ha sido ni proporcional ni respetuosa de los principios fundamentales de actuación policial. La reiteración de denuncias contra altos funcionarios refuerza esa percepción.
El Gobierno, por su parte, ha defendido su accionar alegando que las manifestaciones incluyeron actos violentos, bloqueos y amenazas a la seguridad ciudadana, lo que habría justificado el despliegue militar en apoyo a la policía.
