Las facultades de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para exigir prueba de ciudadanía generaron controversia en Estados Unidos, luego de reportes sobre pedidos de documentación a personas durante protestas en Minneapolis contra la política migratoria del Gobierno federal.
Especialistas legales advirtieron que exigir documentos sin una base previa vulnera la Constitución. El analista legal de CNN, Elie Honig, sostuvo que los agentes deben contar con “sospecha razonable” para detener o interrogar a una persona con fines migratorios, un estándar menor al penal, pero igualmente obligatorio.
Desde el Ejecutivo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el interrogatorio de transeúntes en situaciones específicas, señalando que quienes se encuentren cerca de un presunto delito pueden ser consultados para validar su identidad.
El debate se reactivó tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que avaló operativos migratorios itinerantes, aunque aclaró que la etnicidad aparente no puede ser el único criterio para justificar detenciones, manteniendo la exigencia de una sospecha razonable.
