El Congreso de la República del Perú analizará una moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, en medio de una crisis nacional marcada por la violencia criminal. La iniciativa cuenta ya con las 35 firmas necesarias para que sea debatida y votada por el pleno.
El detonante fue el asesinato de 13 trabajadores de la mina Poderosa, en la provincia de Pataz, una región declarada en emergencia desde hace un año. Las víctimas habían sido secuestradas y sus cuerpos fueron hallados este domingo. Este hecho profundizó la percepción de ineficacia del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana.
La moción acusa a Adrianzén de “manifiesta incapacidad” para liderar una respuesta coordinada entre los distintos niveles del Estado. Según el documento, el primer ministro ha demostrado una falta de liderazgo y no ha logrado articular una estrategia efectiva con los gobiernos regionales ni locales.
Lima y el Callao, donde vive un tercio de la población del país, también permanecen bajo estado de emergencia debido al avance de bandas criminales, sicariato y extorsión. Las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes para contener la violencia.
Roberto Sánchez, congresista de izquierda, celebró en la red social X la presentación de la moción, destacando el apoyo multipartidario que obtuvo la iniciativa. “¡Moción de censura contra Adrianzén, ahora!”, exclamó.
El legislador Esdras Medina, de Renovación Popular, informó que otro grupo parlamentario presentó una segunda moción de censura, y señaló su voluntad de unificar ambas para asegurar una votación conjunta y contundente.
Medina también recordó que el 30 de abril, Adrianzén declaró no tener información sobre el secuestro de los mineros, un hecho que añade cuestionamientos a su capacidad de gestión.
Ante la masacre, la presidenta Dina Boluarte anunció este lunes un toque de queda en el distrito de Pataz, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, además del despliegue total de las Fuerzas Armadas en la zona minera.
Boluarte también comunicó la instalación de una base militar en Pataz, como parte de un plan para recuperar el control de una región donde la violencia criminal se ha intensificado en los últimos meses.
Asimismo, el Ejecutivo decretó la suspensión de todas las actividades mineras en la provincia de Pataz durante 30 días, medida que podrá extenderse si las condiciones de seguridad no mejoran.
La situación en Pataz es reflejo de una crisis de seguridad que afecta a todo el país. Bandas criminales operan con impunidad, incluso en zonas con presencia policial y militar, lo que ha provocado una creciente desconfianza en las autoridades.
