La Fiscalía de Manta sigue profundizando la investigación sobre una presunta red delictiva conformada por policías en actividad y otros funcionarios públicos, tras descubrirse un millonario robo ejecutado bajo la fachada de un allanamiento legal en Manta.
El hecho que dio origen a la pesquisa ocurrió el 22 de febrero de 2025, cuando un grupo de personas armadas, con uniformes oficiales y logística policial, ingresó a una vivienda para sustraer USD 100.000 en efectivo, además de joyas y otros bienes, simulando un operativo legal.
Según la Fiscalía y la unidad de Asuntos Internos, la operación fue posible gracias al acceso a información confidencial y a órdenes de allanamiento, lo que permitió a los implicados actuar como si se tratara de un operativo antinarcóticos auténtico.
La detención de los sospechosos se efectuó el 14 de noviembre de 2025, durante el operativo denominado Embestida 51. En esa jornada, el coronel Wladimir Acurio, comandante de la subzona Manabí, advirtió que no se trataba de un incidente aislado, sugiriendo un patrón de delitos coordinados.
Las investigaciones señalan que la red presuntamente se dedicaba a la apropiación de armas, dinero, drogas y municiones durante intervenciones simuladas, además de posibles extorsiones a personas identificadas como “objetivos”, tanto en Manabí como en provincias cercanas.
Entre los involucrados figura Viviana Geomara C. C., funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano, quien desempeña tareas de prevención del acoso y abuso en instituciones educativas de Jaramijó, Manta y Montecristi. Según la Fiscalía, estuvo presente durante las tres horas del allanamiento falso y acompañó a un capitán con quien mantenía una relación sentimental a bodegas en Montecristi.
A pesar de su participación, un juez otorgó a Viviana Geomara medidas sustitutivas a la prisión, considerando que su posición procesal era similar a la de un testigo, según información recogida por medios locales.
Otro implicado es Christian Manuel C. R., cabo de policía en servicio pasivo y funcionario del Municipio de Guayaquil, quien trabajaba como supervisor de monitoreo y vigilancia. Su defensa alegó que su labor impedía que pudiera estar en Manta y Guayaquil al mismo tiempo, pero el juez decidió mantener la medida cautelar.
La investigación también abarcó a policías de otras provincias, incluidos uniformados con antecedentes en robos de droga en la vía a la Costa. Los allanamientos se ejecutaron en Manta, Portoviejo, Montecristi, Chongón y Mapasingue, y se emitieron órdenes de detención en diversas jurisdicciones del país.
Entre los principales procesados se encuentran el capitán Luis Fernando V. B., con prisión preventiva, y el cabo segundo Christian Eduardo Ll. B., quien recibió medidas sustitutivas con obligación de presentarse periódicamente en Latacunga, donde mantiene vínculos laborales.
En total, 13 personas fueron procesadas: siete policías (dos de ellos capitanes), cinco civiles, una funcionaria pública y un exagente. Seis policías permanecen con prisión preventiva, mientras que una acusada obtuvo medidas sustitutivas.
