El expresidente de Bolivia, Luis Arce, quien dejó el cargo el pasado 8 de noviembre, pasó su primera noche privado de libertad en la cárcel de San Pedro, en La Paz, tras la orden judicial que dispuso cinco meses de prisión preventiva. La medida se enmarca en una investigación por el presunto desvío de recursos del Fondo Indígena, ocurrido durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
La reclusión se produjo bajo condiciones de aislamiento nocturno, una decisión que, según las autoridades penitenciarias, responde a criterios de seguridad y no a un trato excepcional. El caso, de alto impacto político y judicial, reaviva la discusión sobre el uso de la prisión preventiva en procesos contra ex altos funcionarios del Estado.
El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, informó que Arce fue evaluado por equipos médicos, psicológicos, legales y sociales tras su ingreso al penal. De acuerdo con el funcionario, se le asignó un espacio en el sector denominado Posta, donde se busca garantizar su integridad física.
López aseguró que el exmandatario se encuentra estable y que sus signos vitales son normales, según la revisión realizada por el médico del centro penitenciario. En declaraciones a la prensa, remarcó que se aplicaron los protocolos habituales, sin privilegios derivados de su condición de ex jefe de Estado.
No obstante, aclaró que durante la noche se dispuso su aislamiento preventivo como medida de resguardo. “Durante el día recibirá el tratamiento regular, pero por la noche se toman precauciones adicionales para evitar riesgos”, explicó, subrayando que la reclusión en aislamiento no será permanente.
En relación con la enfermedad oncológica mencionada por la defensa durante la audiencia cautelar, Régimen Penitenciario indicó que se trata de una patología que requiere controles periódicos. Según López, la última evaluación médica conocida corresponde al mes de octubre y el penal cuenta con personal para responder ante eventuales emergencias.
Arce ingresó a la cárcel el viernes por la noche, en medio de un amplio operativo policial. Antes de ser trasladado, se dirigió brevemente a los medios y afirmó su inocencia, asegurando que permanecerá en el país para enfrentar el proceso judicial.
La detención preventiva fue ordenada por el juez anticorrupción Elmer Laura, a pedido de la Fiscalía, que argumentó la existencia de riesgo de fuga y de posible obstaculización de la investigación. Desde el Ministerio Público sostienen que la gravedad de los hechos investigados justifica la medida.
La defensa del exmandatario, en cambio, considera que la decisión es excesiva y carente de sustento probatorio suficiente. Sus abogados anunciaron que apelarán el fallo y reiteraron que no existen elementos que justifiquen mantener a Arce privado de libertad mientras avanza la causa.
En el proceso, Arce enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica. Fue aprehendido el miércoles en La Paz y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permaneció hasta la audiencia cautelar.
La Fiscalía General del Estado solicitó inicialmente tres meses de detención preventiva por la presunta malversación de fondos que habrían sido desviados a cuentas personales para proyectos que nunca se concretaron o quedaron inconclusos entre 2009 y 2015. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, el daño económico al Estado ascendería a unos 52 millones de dólares.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia se aclaró que Arce fue imputado en su condición de exministro de Economía y que la investigación se limita a ese período. En ese sentido, se enfatizó que el proceso es de carácter ordinario y no un juicio de responsabilidades, un punto que, para algunos analistas, refuerza el marco legal del caso, mientras que para otros no despeja las dudas sobre el trasfondo político de la decisión judicial.
