Este martes, la Asamblea de la República de Portugal aprobó la actualización de la Ley de Extranjeros, incluyendo propuestas de los partidos del Gobierno del primer ministro conservador Luís Montenegro y del grupo ultraderechista Chega, centradas en limitar la reagrupación familiar y el acceso a ciertos beneficios.
El texto deberá volver ahora al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien decidirá si lo sanciona como Ley o lo envía nuevamente al Tribunal Constitucional. La versión original había sido remitida a la corte por dudas legales, pero fue finalmente aprobada.
Durante la votación, cada propuesta de los distintos partidos fue considerada por separado. La mayoría de derecha rechazó prácticamente todas las iniciativas de los grupos de izquierda, aprobando las del PSD, CDS-PP y Chega.
La versión final del proyecto recibió la aprobación de PSD, CDS-PP, Chega, Iniciativa Liberal y JPP, mientras que toda la izquierda, encabezada por el Partido Socialista, votó en bloque en contra.
Chega condicionó inicialmente su apoyo a la inclusión de un artículo que exigiera cinco años de cotización a la Seguridad Social para acceder a subsidios, aunque luego aceptó una redacción más general.
La reforma mantiene el requisito de dos años de residencia válida para solicitar la reagrupación familiar y establece limitaciones para visados de trabajo y para nacionales de países lusófonos, como Brasil.
Se incorporan excepciones para casos humanitarios y familiares con discapacitados o dependientes. Además, parejas con hijos pueden solicitar la reagrupación inmediata del cónyuge, mientras que parejas sin hijos verán reducido el plazo a un año, siempre que cumplan la legislación portuguesa sobre uniones legales.
El Gobierno también fortaleció las medidas de integración, ahora incluyendo formación en lengua portuguesa y educación sobre la cultura y valores constitucionales. El incumplimiento de estos requisitos puede impedir la renovación de la residencia.
La reforma introduce «válvulas de escape» para casos humanitarios o cuando existan vínculos familiares efectivos y demostrada integración con Portugal, quedando la decisión final en manos de los jueces.
La primera versión de la Ley había sido aprobada en julio con apoyo de Chega, pero el presidente decidió enviarla al Tribunal Constitucional por dudas sobre algunos artículos.
Paralelamente, el Parlamento aprobó un proyecto para controlar las narcolanchas, respondiendo a la mayor vulnerabilidad de Portugal frente al crimen organizado tras las restricciones en España.
La iniciativa, apoyada por todos los grupos salvo la abstención de PS, Partido Comunista, Livre y Bloco de Esquerda, establece penas de prisión para quienes operen, transporten, construyan o capitaneen lanchas rápidas sin cumplir la ley, reforzando así la seguridad marítima del país.
