El Congreso chileno aprobo dos reformas electorales con amplio respaldo parlamentario en un momento clave, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.
Una de las medidas eleva las multas para quienes no concurran a votar, reforzando el carácter obligatorio del sufragio en Chile. La otra modifica el derecho al voto migrante, duplicando de 5 a 10 años el requisito de residencia para extranjeros no nacionalizados.
Esta última reforma comenzará a aplicarse en 2026, por lo que no tendrá impacto en las presidenciales de este año. Sin embargo, marca un cambio profundo en el acceso al sufragio extranjero en un país que, hasta ahora, figuraba entre los más flexibles de la región.
En la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, los extranjeros pueden votar solo en elecciones locales o regionales. Chile se había desmarcado de esa práctica al permitir que los migrantes, con apenas cinco años de residencia, pudieran sufragar en cualquier tipo de elección, incluso presidencial.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió la medida al señalar que se trata de “cumplir la palabra empeñada” y garantizar certeza en las reglas electorales de cara al futuro.
El derecho al voto de los migrantes está contemplado en el artículo 14 de la Constitución y fue instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet, como un reconocimiento a las colonias europeas que residían en el país.
No obstante, el contexto actual es distinto. Con estabilidad política y económica, Chile se transformó en un polo de atracción migratoria: hoy viven allí cerca de 1,6 millones de extranjeros, el 9% de la población total, el doble que en 2017.
En las elecciones municipales y regionales de 2024, más de 786.000 migrantes pudieron votar, con peruanos (191.383) y venezolanos (174.851) como las comunidades más numerosas. Este peso electoral se convirtió en un factor determinante para la estrategia de los partidos.
Las encuestas reflejan esa importancia. Según el sondeo Panel Ciudadano-UDD de septiembre, el ultraderechista José Antonio Kast lidera entre votantes migrantes con el 36%, seguido por Evelyn Matthei con el 23% y la candidata de centroizquierda Jeannette Jara con el 12%.
La segunda reforma aprobada fija multas de entre 0,5 y 1,5 unidades tributarias mensuales, equivalentes hoy a entre 30,5 y 91,6 euros, para quienes incumplan con el voto obligatorio. Esta sanción aplicará únicamente a los ciudadanos chilenos.
De cara a noviembre, las encuestas ubican a Kast, Jara y Matthei como principales competidores, aunque ninguno con posibilidad de ganar en primera vuelta. El escenario apunta a un inevitable balotaje en diciembre.
