La presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció este jueves que su gobierno ha solicitado formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocer al Tren de Aragua como una organización terrorista de alcance internacional.
La medida fue comunicada tras una reunión en Palacio de Gobierno con altos mandos de las fuerzas de seguridad y ministros, en el marco del estado de emergencia decretado en Lima y el Callao por el aumento de la criminalidad.
El pedido responde a la creciente expansión de esta banda de origen venezolano en diversos países de América Latina, cuyas actividades incluyen extorsión, secuestro, sicariato, tráfico de personas y otros delitos de alta peligrosidad.
El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, confirmó que la delegación peruana ante la OEA, con sede en Washington, presentó el pedido oficial, calificando al Tren de Aragua como una amenaza directa a la seguridad hemisférica.
“Este grupo delictivo y otros similares han traspasado fronteras y operan con estructuras que responden a esquemas terroristas”, señaló Schialer, quien enfatizó la necesidad de una respuesta conjunta por parte de los países miembros de la organización.
Perú propone que la OEA adopte mecanismos de cooperación como el intercambio de inteligencia, coordinación judicial y fortalecimiento de fronteras, para combatir a estas mafias con un enfoque regional.
Boluarte sostuvo que su gobierno actúa en todos los frentes y busca una articulación sólida con otras naciones para frenar la expansión de estas redes criminales. “Esta lacra social debe ser enfrentada con firmeza y unidad”, manifestó.
El Ejecutivo peruano fundamenta su solicitud en precedentes como la resolución de 1992, cuando la OEA condenó formalmente a los grupos terroristas peruanos Sendero Luminoso y MRTA, argumentando que es tiempo de actuar con igual contundencia.
El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión en la capital peruana, donde este jueves se produjo una paralización masiva del transporte público debido a la inseguridad, generada principalmente por amenazas y ataques contra choferes.
Las bandas criminales han incrementado su accionar en la capital, afectando directamente a sectores laborales vulnerables, lo que ha derivado en protestas ciudadanas y un clamor creciente por acciones más efectivas del Estado.
Boluarte aseguró que la responsabilidad por la expansión del crimen organizado no recae exclusivamente en su gestión, y exhortó a todos los poderes del Estado, así como a la ciudadanía, a sumar esfuerzos en la lucha contra la violencia.
“Mi gobierno está actuando con respuestas firmes. Este es un problema que viene de años atrás, y ahora nos exige decisiones duras, pero necesarias”, concluyó la presidenta, insistiendo en el carácter internacional de la amenaza.
