El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó al Congreso que entre 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos por un total de US$ 2.804 millones, de los cuales aproximadamente el 80% están vinculados a actividades mineras ilícitas.
Estos datos reflejan una tendencia preocupante, ya que entre 2012 y 2022, se registraron más de 3.900 operaciones sospechosas por un total de US$ 18.478 millones, evidenciando una economía paralela que opera con altos niveles de impunidad.
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que las cifras reportadas por la UIF podrían estar por debajo de la realidad, ya que muchas operaciones ilícitas no se registran en el sistema financiero formal.
Ortiz destacó la necesidad urgente de una reforma legal integral que permita distinguir claramente entre los pequeños mineros que cumplen con los requisitos legales y aquellos que operan en la informalidad total, para evitar la venta indiscriminada de explosivos y la invasión de concesiones mineras.
En regiones como Pataz, en La Libertad, la minería ilegal ha generado focos de violencia, con más de 600 ataques a instalaciones mineras desde 2020, incluyendo asesinatos, destrucción de infraestructura y robos de material aurífero.
Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, advirtió que las redes criminales vinculadas a la minería ilegal podrían empezar a enfocar sus operaciones hacia el cobre, un mineral cada vez más demandado por su papel clave en la transición energética global.
Castilla señaló que la falta de mecanismos eficaces de control por parte del Estado está permitiendo que estas actividades ilícitas continúen emigrando y afianzándose en nuevos territorios, generando impactos económicos, ambientales y sociales.
El exministro de Economía, Rómulo Mucho, reconoció en 2024 que la producción de cobre en Perú podría multiplicarse hasta por cinco en los próximos años, lo que refuerza su importancia en la minería formal.
Frente a este panorama, el gobierno ha implementado operativos contra la minería ilegal, destruyendo bienes valorizados en más de S/ 100 millones en febrero de 2025, con el objetivo de frenar el avance de esta actividad ilícita
Sin embargo, expertos como Ortiz y Castilla coinciden en que estas acciones deben ir acompañadas de una estrategia integral que incluya reformas legales, fortalecimiento de las instituciones y una mayor presencia del Estado en las zonas afectadas.
