El gobierno de Ecuador ha solicitado a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigar el patrimonio de jueces y fiscales presuntamente involucrados en la liberación de delincuentes. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, afirmó que esta medida busca combatir la impunidad y la corrupción en el sistema judicial.
La decisión ha generado controversia. Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, advirtió que podría representar una interferencia del Ejecutivo en otro poder del Estado, ya que la investigación de jueces y fiscales corresponde al Consejo de la Judicatura. Sin embargo, reconoció que este organismo no ha cumplido con su deber de fiscalización.
Por otro lado, el experto penalista Ramiro Aguilar defendió la medida, señalando que la intervención de la UAFE está contemplada en el sistema nacional de inteligencia y no constituye una intromisión. Argumentó que jueces y fiscales corruptos vinculados a mafias representan una amenaza para la seguridad del Estado.
La violencia en Ecuador ha aumentado en los últimos años, coincidiendo con la expansión de bandas locales vinculadas a cárteles mexicanos. El país se encuentra geográficamente entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, lo que ha facilitado el narcotráfico.
El presidente Daniel Noboa declaró el “conflicto armado interno” en el país, permitiendo la movilización de militares en tareas de seguridad propias de la policía. Sin embargo, hasta ahora, este mecanismo no ha dado resultados contundentes.
El director de la UAFE, Julio Neira, señaló que “los operadores judiciales miran para otro lado” mientras hay abogados que ayudan a sus clientes a simular actividades económicas y empresas fachada. Aseguró que no permitirán que el sistema financiero y las instituciones del Estado se utilicen para encubrir la violencia y el terror que viven los ecuatorianos.
El anuncio del gobierno se produce días después del secuestro y asesinato de cuatro comerciantes, dos de cuyos captores fueron detenidos el mismo día y liberados con medidas sustitutivas de prisión. La Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia se señalaron mutuamente como responsables.
El año pasado, varios jueces y fiscales fueron procesados en casos de corrupción, como el denominado “Caso Metástasis”, que evidenció la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial. Entre los sentenciados se encuentran la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, y el juez Johan Marfetán.
La medida del gobierno ha sido respaldada por algunos sectores, que consideran que es necesario depurar el sistema judicial para garantizar la seguridad y la justicia en el país. Sin embargo, otros advierten sobre el riesgo de politización y la necesidad de respetar la independencia de los poderes del Estado.
