La periodista nicaragüense naturalizada española Jennifer Ortiz, directora de la plataforma Nicaragua Investiga, denunció que las autoridades de Costa Rica le aconsejaron abandonar el periodismo y eliminar todo el contenido de su trabajo tras recibir amenazas de muerte. Ortiz, quien reside en el país centroamericano desde su exilio, calificó la respuesta oficial como una forma de censura encubierta.
Según relató la comunicadora, acudió hace unas semanas ante las autoridades costarricenses luego de recibir advertencias sobre posibles ataques en su contra. “Por ciertas amenazas que recibí, las autoridades me entregaron un análisis de riesgo que concluyó en recomendarme dejar el periodismo y borrar todo lo que hemos hecho en casi ocho años”, señaló.
Ortiz explicó que la Unidad de Protección de Testigos del Ministerio Público fue la encargada de elaborar el informe. “Me dijeron que debía esconderme y desaparecer de las plataformas digitales. Mi respuesta fue clara: eso es exactamente lo que quiere Ortega”, afirmó en un mensaje difundido en sus redes.
La periodista fue una de las 94 personas declaradas “traidoras a la patria” por el régimen de Daniel Ortega en febrero de 2023, junto con otros 21 comunicadores críticos. En esa misma resolución, el gobierno nicaragüense la despojó de su nacionalidad y confiscó sus bienes.
“Firmé el documento en el que deslindo de responsabilidad a las autoridades costarricenses por su recomendación. Me pareció absurdo, pero no me dieron otra opción”, agregó Ortiz, quien lleva más de un año denunciando acoso y vigilancia desde su llegada al exilio.
En diálogo con la agencia EFE, la periodista reveló que decidió acudir a la justicia costarricense tras recibir información de una fuente interna del Frente Sandinista, que le advirtió sobre una lista de exiliados “bajo observación” en territorio tico. “Esa fuente me dijo que corríamos mucho riesgo algunos periodistas y defensores de derechos humanos”, aseguró.
Ortiz relató que una organización internacional le sugirió denunciar los hechos ante la Unidad de Protección de Testigos, pero se sorprendió al conocer las recomendaciones oficiales. “Es irónico: me pidieron que hiciera lo mismo que Ortega quiere, que desaparezca del espacio público”, señaló.
Las autoridades costarricenses, según su testimonio, le indicaron que el país “no tiene recursos suficientes para atender a todos los nicaragüenses en riesgo”. Pese a dos visitas a su vivienda, la respuesta institucional fue la misma: alejarse de la actividad periodística.
“Me hicieron firmar nuevamente un documento eximiendo al Estado de cualquier responsabilidad. Me dijeron que si quería estar segura debía irme del país”, comentó Ortiz.
La periodista sostuvo que no tiene intenciones de abandonar su labor ni de borrar el trabajo de Nicaragua Investiga, medio digital que fundó hace casi una década para fiscalizar al régimen sandinista. “No me voy a rendir. El silencio es lo que ellos buscan, y no se los voy a dar”, afirmó.
Por último, Ortiz denunció que su caso evidencia la falta de garantías de seguridad para los periodistas exiliados en Costa Rica, muchos de los cuales enfrentan amenazas sin recibir protección efectiva. “No se trata solo de mí, sino de todos los que huimos buscando libertad y ahora vivimos desprotegidos”, concluyó.
Fuente: Infobae
