El martes, la Policía de Brasil ejecutó un operativo en la favela Ladeira dos Tabajaras, ubicada entre los barrios de Copacabana y Botafogo, en Río de Janeiro. El operativo, centrado en la captura de Vinicius Kleber di Carloantonio Martins, jefe del narcotráfico en la zona, terminó con al menos cinco muertos. La operación, que movilizó decenas de policías, vehículos blindados y un helicóptero, se produjo luego de intensos tiroteos que comenzaron a primera hora de la mañana, según informaron vecinos de la favela.
El comisario de la Policía Civil, Romulo Coelho, confirmó la operación y explicó que las fuerzas de seguridad habían estado persiguiendo a Martins debido a su implicación en la muerte de Joao Pedro Marquini, un agente de la Coordinación de Recursos Especiales (CORE). Marquini fue asesinado el 30 de marzo por el narcotraficante en un ataque frente a su esposa, quien era jueza en la región. La muerte del agente había conmocionado a la policía local y se había convertido en una prioridad en la investigación.
Martins también estaba vinculado a otros delitos cometidos en otra favela, en los que se intentó robar vehículos para despistar a la policía tras el asesinato de Marquini. La Policía Civil, tras un análisis de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, logró identificar la ruta seguida por los sospechosos, lo que les permitió montar el operativo de este martes.
El jefe del Departamento General de Homicidios y Protección Personal, Alexandre Herdy, señaló que la operación también generó nuevos elementos para las investigaciones en curso. Aunque el operativo fue exitoso en su objetivo de eliminar una de las figuras clave del crimen en la zona, las consecuencias del tiroteo y las muertes de los implicados generaron un debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en áreas marginalizadas de la ciudad.
Este operativo se produce en un contexto legal tenso en Brasil, donde la Corte Suprema impuso recientemente nuevas restricciones a las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro. El fallo busca evitar violaciones a los derechos humanos durante estos operativos, que en ocasiones han resultado en muertes de civiles sin una investigación adecuada.
Una de las nuevas disposiciones de la Corte establece que las autopsias de las personas muertas durante intervenciones policiales deben realizarse en el lugar de los hechos. Además, se estableció que los primeros agentes en llegar deben asegurarse de que no se alteren las condiciones del lugar, con el fin de facilitar las investigaciones posteriores. También se impuso un plazo de 60 días para que los organismos de control interno de la Policía lleven a cabo investigaciones sobre muertes ocurridas en operativos, y en 180 días todos los vehículos y uniformes policiales deberán contar con cámaras para documentar lo sucedido.
