Una redada migratoria llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) terminó con la detención de más de 100 inmigrantes indocumentados el pasado 29 de mayo en sitios de construcción de Tallahassee. La operación fue encabezada por la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE en esa ciudad y contó con el respaldo de numerosas agencias estatales y federales.
Los detenidos, en su mayoría trabajadores de la construcción, provienen de países como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras. ICE justificó la acción como un esfuerzo para “proteger las oportunidades laborales de los ciudadanos estadounidenses” y para sancionar tanto a trabajadores sin papeles como a empleadores que violen la ley migratoria.
Nicholas Ingegno, asistente del agente especial a cargo de HSI Tallahassee, explicó que esta intervención forma parte de una política sistemática de control migratorio que busca frenar la contratación ilegal. “Estas acciones no solo tienen que ver con la ley, sino con proteger los derechos de la fuerza laboral legal del país”, dijo.
El operativo fue celebrado por el gobernador Ron DeSantis, quien lo calificó como un “gran golpe” en su cruzada contra la inmigración ilegal, alineada con varias leyes estatales recientes que endurecen las condiciones para los inmigrantes sin estatus regular en Florida.
Sin embargo, la medida encendió un fuerte debate en la comunidad local. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta frente al Capitolio estatal al día siguiente de la redada. Activistas y ciudadanos denunciaron el operativo como una acción desproporcionada que atenta contra los derechos humanos y los valores democráticos.
“Ver a personas arrestadas por el simple hecho de estar trabajando es indignante”, declaró Margeling Santiago, una de las manifestantes. Trish Brown, directora ejecutiva de Power Up People, agregó: “Esto no es lo que representa la humanidad, ni lo que debe ser una democracia”. La crítica coincidió con declaraciones de los comisionados locales Jeremy Matlow y David O’Keefe, quienes afirmaron que las redadas no reflejan los principios de la ciudad.
La operación se centró particularmente en un proyecto residencial denominado Perla at the Enclave, ubicado cerca de la Universidad Estatal de Florida (FSU). Allí, uno de los detenidos fue acusado de resistirse al arresto y enfrenta cargos por presuntos actos de violencia contra agentes. Otro individuo habría intentado desenfundar un arma antes de ser neutralizado.
ICE aseguró que entre los detenidos hay personas con antecedentes penales o que ya habían sido deportadas previamente. Sin embargo, no se precisaron cifras ni detalles sobre cuántos casos corresponden a esas situaciones. Críticos de la redada cuestionaron la falta de transparencia en ese aspecto.
Desde la empresa Hedrick Brothers Construction, responsable de algunas de las obras inspeccionadas, se informó que están colaborando con las autoridades y que exigen a sus contratistas el cumplimiento de las leyes laborales y migratorias, incluyendo el sistema E-Verify. “Nos tomamos en serio nuestras obligaciones legales”, indicó un portavoz.
El operativo fue posible gracias a la implementación del programa 287(g), que permite a agencias estatales y locales colaborar con las autoridades federales en tareas de control migratorio. Este marco ha sido defendido por sectores conservadores, pero también ha sido objeto de demandas y cuestionamientos por organizaciones de derechos civiles.
La participación de agencias como el FBI, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el IRS Criminal Investigations y la Policía de Carreteras de Florida refuerza el carácter multidimensional de esta operación, pero también plantea interrogantes sobre el uso de recursos para la detención de trabajadores sin historial violento.
