México lanza comisión clave para reformar su sistema electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum designa a Pablo Gómez para encabezar la Comisión Presidencial que evaluará el modelo electoral y propondrá una reforma democrática e inclusiva.

El Gobierno federal anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, destinada a revisar a fondo el modelo de partidos y elecciones en México, con un enfoque centrado en la democracia y la ciudadanía.

La comisión estará encabezada por Pablo Gómez Álvarez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien dejará ese cargo para asumir el liderazgo del nuevo grupo de trabajo.

La primera fase consistirá en realizar un diagnóstico integral del sistema electoral: evaluación del financiamiento a partidos, representación popular y mecanismos de participación ciudadana.

La segunda etapa será la redacción de una reforma legislativa moderna, alineada con las exigencias democráticas actuales, que ponga al pueblo como eje central del modelo electoral.

Sheinbaum confirmó que en los próximos días se dará a conocer el equipo completo, que incluirá legisladores, académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadanos.

Gómez Álvarez, licenciado en Economía por la UNAM, con experiencia como legislador y autor, es señalado por el Ejecutivo como un arquitecto de reformas políticas previas que fortalecieron la democracia en México.

El anuncio retoma los lineamientos de la propuesta fallida del expresidente López Obrador, que buscaba eliminar a los legisladores plurinominales y reducir la estructura del INE, aunque sin el respaldo constitucional necesario.

A diferencia del plan anterior, Sheinbaum descartó tocar la autonomía del INE, asegurando que seguirá siendo un organismo independiente en el nuevo esquema electoral.

La reforma enfrenta resistencia tanto de la oposición como de sus aliados internos: el PT y el PVEM rechazan la eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento público, lo cual complica alcanzar el consenso para una enmienda constitucional.La presidenta ha defendido que la reforma debe racionalizar costos electorales sin sacrificar la limpieza de los procesos ni la representación popular, un equilibrio clave para mantener la legitimidad democrática.