Activistas ucranianos han convocado protestas masivas tras la reciente aprobación de una Ley que, según denuncian, debilita seriamente las instituciones anticorrupción del país y favorece intereses oficiales.
El martes por la noche, miles se concentraron en Kiev y otras ciudades para pedir al presidente Volodímir Zelensky que impida la entrada en vigor del polémico decreto adoptado ese mismo día por el Parlamento.
Pese a las protestas, Zelensky promulgó la norma y defendió su postura, argumentando que eliminaría la supuesta “influencia rusa” en las investigaciones y garantizaría que se castigará a quienes han eludido la justicia.
“Esto es lo que Ucrania realmente necesita”, declaró Zelensky en Telegram, prometiendo reactivar casos que, según él, llevaban años paralizados, y acusó a corruptos fugados de vivir sin consecuencias en el extranjero.
Sin embargo, no facilitó pruebas que respaldarán la supuesta infiltración rusa, lo que ha generado escepticismo y críticas entre activistas y observadores.
El presidente señaló también que el endurecimiento busca fortalecer el sistema judicial para proteger al Estado ucraniano frente a las agresiones de Moscú.
Desde Rusia, la portavoz Maria Zakharova respondió burlonamente, minimizando las acusaciones y cuestionando la legitimidad de la reforma anticorrupción.
Diversos sectores temen que esta medida distraiga la atención pública de la guerra en curso, en lugar de consolidar el frente interno contra la corrupción.
Las nuevas disposiciones permiten que el fiscal general amplíe su control sobre la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), con lo que reducen su autonomía.
En una crítica unánime, la comisaria europea Marta Kos advirtió en X que la reforma es “un grave retroceso”, una valoración compartida por Transparencia Internacional Ucrania, que la calificó de “desmantelamiento” del sistema anticorrupción.
Transparencia Internacional añadió que esta reforma erosionará la confianza de los aliados occidentales, socavando una de las reformas más relevantes surgidas tras la “Revolución de la Dignidad” de 2014.
