La Comisión Europea ha presentado una propuesta para designar a siete países como “países de origen seguros” en el contexto de solicitudes de asilo. Esta lista incluye a Colombia, Marruecos, Túnez, Egipto, India, Bangladesh y Kosovo. El objetivo principal de esta medida es acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo provenientes de ciudadanos de estos países, bajo la presunción de que sus solicitudes tienen menos probabilidades de éxito.
Según la Comisión, la designación de estos países como “seguros” permitirá a los gobiernos de la UE procesar más rápidamente las solicitudes de asilo, introduciendo una presunción de que dichas solicitudes carecen de mérito. Magnus Brunner, comisario de migración de la UE, destacó que muchos Estados miembros enfrentan una acumulación significativa de solicitudes de asilo, por lo que cualquier medida que facilite decisiones más rápidas es esencial.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia y ha sido criticada por diversos grupos de derechos humanos. Organizaciones como EuroMed Rights han expresado su preocupación, señalando que algunos de los países incluidos en la lista presentan “abusos de derechos documentados y protecciones limitadas tanto para sus propios ciudadanos como para los inmigrantes”. Consideran que etiquetar a estos países como “seguros” es “engañoso y peligroso“, ya que podría pasar por alto situaciones de persecución o vulnerabilidad específicas.
Además, la propuesta ha sido vista como parte de un endurecimiento general de las políticas migratorias de la UE. Líderes de países como Italia, Dinamarca y los Países Bajos han presionado por medidas más estrictas para controlar la migración irregular y facilitar las deportaciones. La Comisión Europea también está considerando la posibilidad de establecer centros de retorno de migrantes fuera del territorio de la UE, lo que ha suscitado preocupaciones adicionales sobre el respeto a los derechos humanos en estos procesos.
La propuesta aún requiere la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros antes de que pueda entrar en vigor. Si se aprueba, introducirá un sistema armonizado en toda la UE para tratar las solicitudes de asilo, aunque los países podrán añadir individualmente países a la lista, pero no quitarles ninguno.
