El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, ha hecho pública su tan esperada lista de 54 personas responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos en el país centroamericano desde las protestas de 2018. La lista, que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, copresidentes del país, incluye a otros altos funcionarios y militares clave en el régimen, revelando un sistema represivo en el que las estructuras del Estado han sido usadas para reprimir a la sociedad civil.
El informe de 234 páginas, que también presenta organigramas detallados sobre el sistema represivo del gobierno nicaragüense, identifica a figuras como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; y el director general de la policía, Francisco Díaz, entre otros. Además, menciona a la fiscal general, Ana Julia Guido; la procuradora general, Wendy Morales; y a otros miembros destacados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como Fidel Moreno, secretario de organización del partido.
Según los expertos, estas 54 personas desempeñan papeles cruciales en una serie de crímenes que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución a la sociedad civil y los medios de comunicación, y otros delitos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. En palabras de Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, el informe pone al descubierto un sistema de gobierno que ha convertido a las instituciones del Estado en herramientas de represión contra su propio pueblo.
Este informe marca un hito en el proceso de visibilizar la responsabilidad de las autoridades nicaragüenses en los abusos cometidos desde 2018, año en que estallaron las protestas antigubernamentales. Simon y sus colegas, Reed Bródy y Ariela Peralta, calificaron la publicación de la lista como una “hoja de ruta para la justicia”. Ahora, dijeron, los Estados, fiscales e instituciones internacionales tienen las evidencias necesarias para proceder con acciones legales y buscar la rendición de cuentas.
A lo largo de los meses, el Grupo de Expertos ha recopilado datos a partir de 1.631 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes confiables, y el informe revela que Ortega y Murillo controlan todos los poderes del Estado. Esto se ha logrado a través de un sistema de represión generalizada, que incluye una extensa red de vigilancia e inteligencia respaldada por estructuras políticas del FSLN y grupos armados progubernamentales destinados a silenciar a la oposición.
La publicación de la lista llega en un momento clave, tras el informe presentado por el Grupo de Expertos el 28 de febrero ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese informe, ya se adelantaba la intención de identificar a los responsables y se proporcionó una visión general de las graves violaciones cometidas por el régimen. La comunidad internacional ha sido instada a tomar medidas concretas para enfrentar estos abusos, incluidas sanciones y un mayor apoyo a las víctimas y la sociedad civil nicaragüense.
El gobierno de Nicaragua ha respondido de manera negativa ante la publicación del informe y la identificación de estos responsables, con un claro desdén hacia las críticas internacionales. De hecho, el país se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en febrero y también anunció su salida de otras agencias internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Estos actos refuerzan la postura aislacionista del régimen frente a la comunidad internacional.
A pesar de estos desafíos, los expertos mantienen que es esencial que la comunidad internacional continúe ejerciendo presión sobre el gobierno de Ortega. Esto incluye la adopción de medidas legales, sanciones y el fortalecimiento del apoyo a las organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil dentro de Nicaragua. Los expertos concluyen que, aunque el gobierno de Ortega sigue negando las acusaciones, el proceso hacia la justicia está avanzando gracias a los esfuerzos colectivos y la documentación exhaustiva de los crímenes cometidos.
En cuanto a las respuestas de los responsables mencionados en la lista, hasta el momento ninguno de ellos ha presentado su versión de los hechos, a pesar de haber tenido varias semanas para hacerlo. Este silencio solo profundiza la percepción de que el régimen de Ortega y Murillo no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad por los abusos cometidos.
