Luis Fernández Albín arribó a Uruguay el jueves, extraditado desde Argentina en el marco de un procedimiento de seguridad reforzado. Al día siguiente compareció ante la Justicia, que resolvió formalizar la investigación y disponer su prisión preventiva por un plazo de 120 días.
El imputado fue acusado por los delitos de narcotráfico, contrabando y lavado de activos. La decisión judicial se basó en el cúmulo de elementos reunidos durante una pesquisa prolongada que, según las autoridades, permitió establecer su presunta participación en una red criminal de gran escala.
La extradición se realizó mediante un proceso simplificado, modalidad en la que el detenido consiente voluntariamente su traslado al país requirente. Así lo informó el Ministerio del Interior, que destacó la cooperación entre ambos Estados para concretar el procedimiento.
Un punto central del expediente es la incautación de casi dos toneladas de cocaína halladas enterradas en una chacra precaria. La droga estaba lista para ser cargada en una lancha que, según la investigación, debía alcanzar un buque en alta mar con destino final a Europa.
El cargamento fue valuado en unos 13 millones de dólares en el mercado interno, cifra que se eleva de manera considerable si se considera su posible comercialización en Europa, donde su valor habría rondado los 60 millones de dólares.
A partir de este hallazgo, la investigación derivó en la prisión de al menos ocho personas por delitos vinculados al tráfico de drogas y al lavado de activos. Además, se incautaron vehículos, inmuebles, bienes y documentación considerada relevante para el avance de la causa.
Según consignó el diario El País, el análisis de teléfonos celulares de otros integrantes de la organización resultó clave. En esos dispositivos se encontraron audios atribuidos a Fernández Albín, que fortalecieron la hipótesis fiscal sobre su rol en la estructura criminal.
La imputación por lavado de activos se sustenta, de acuerdo con los investigadores, en la existencia de gastos y adquisiciones que no se condicen con ingresos lícitos, entre ellos la compra de propiedades. El delito de contrabando se vincula al hallazgo de una camioneta de origen brasileño durante un allanamiento previo.
La audiencia de formalización, realizada en el juzgado del casco histórico de Montevideo, se desarrolló bajo un importante despliegue policial. Aunque la instancia estaba prevista para la tarde del viernes, el imputado permaneció en el edificio judicial desde la mañana.
Fernández Albín optó por no declarar ante la Justicia, aunque realizó consultas a la Fiscalía sobre su situación procesal. También manifestó su malestar por ser mencionado en relación con un atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, aclaración que la Fiscalía negó de forma expresa.
Para los investigadores, Fernández Albín tendría un rol logístico en el envío de grandes cargamentos asociados a Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo prófugo desde hace más de dos años. Si bien ese vínculo no ha sido probado judicialmente, las autoridades lo consideran plausible en el marco de la causa.
Con 38 años, nacido en Argentina y criado en el barrio Cerro de Montevideo, Fernández Albín presenta un extenso historial delictivo que se remonta a su infancia. El caso reabre el debate sobre la evolución del crimen organizado en Uruguay y los desafíos del sistema judicial y de seguridad para enfrentar redes cada vez más complejas y transnacionales.
