La Fiscalía de El Salvador informó este domingo que decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) recibieron condenas de varios siglos de prisión, incluido un caso con pena superior a los 1.300 años, por delitos que van desde homicidios hasta desapariciones forzadas.
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele implementa un régimen de excepción que autoriza arrestos sin orden judicial para combatir a las pandillas. Bajo esta normativa, más de 90.000 personas han sido detenidas, aunque unas 8.000 fueron liberadas tras comprobarse su inocencia.
Según el informe fiscal, 248 pandilleros de la MS-13 fueron condenados por 43 homicidios y 42 desapariciones, entre otros delitos. La Fiscalía no precisó si los juicios fueron colectivos ni la fecha exacta de las sentencias.
Entre los sentenciados, un individuo recibió 1.335 años de prisión. Otros 10 miembros fueron condenados a penas que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel, reflejando la magnitud de la criminalidad asociada a la pandilla.
La MS-13, considerada grupo terrorista por Estados Unidos, cometió asesinatos de un estudiante universitario y una futbolista, extorsionó a comerciantes, invadió viviendas y traficó drogas entre 2014 y 2022, según las autoridades salvadoreñas.
La Fiscalía señaló que la pandilla estableció “bases” en distintos sectores de La Libertad para planificar y coordinar actividades delictivas, afectando gravemente la seguridad de la población.
El grupo exigía dinero a dueños de negocios bajo amenaza de muerte. Algunas víctimas cerraron sus locales por temor a represalias, destacó la Fiscalía, cercana al gobierno de Bukele.
Las políticas de seguridad implementadas por Bukele redujeron los homicidios a niveles históricamente bajos, pero han recibido críticas de organizaciones de derechos humanos que denuncian abusos y detenciones arbitrarias.
En diciembre, familiares de detenidos solicitaron a la Corte Suprema declarar inconstitucional el régimen de excepción. Socorro Jurídico Humanitario reporta que 454 personas fallecieron en cárceles desde 2022, lo que genera preocupación internacional.
A pesar de las críticas, gobiernos regionales observan el modelo salvadoreño. Bukele acordó recientemente compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien busca aplicar medidas similares frente al aumento de la criminalidad en su país.
