La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes la orden de un tribunal inferior que impedía al Gobierno de Donald Trump utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a migrantes venezolanos. La normativa, prácticamente inédita desde la Segunda Guerra Mundial, otorga al Ejecutivo facultades especiales para expulsar a extranjeros que se perciban como amenazas a la seguridad nacional. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, el máximo tribunal estadounidense decidió que el gobierno podría continuar con las deportaciones, aunque impuso ciertas restricciones procesales.
Este fallo responde a un recurso de emergencia interpuesto por la administración Trump, que había apelado una decisión del juez James Boasberg, quien había suspendido temporalmente el uso de la ley en un caso que involucra a migrantes venezolanos. El juez Boasberg había considerado que la aplicación de una ley de tiempos de guerra, como la Ley de Enemigos Extranjeros, debía ser evaluada más a fondo en tribunales superiores. Sin embargo, la Corte Suprema anuló este fallo y permitió que las deportaciones continuaran de inmediato.
El Tribunal Supremo, no obstante, estableció límites importantes. La decisión señala que los migrantes detenidos y sujetos a deportación deberán ser debidamente notificados y recibir un tiempo razonable para impugnar su expulsión. También se resolvió que los procedimientos legales relacionados con estas deportaciones se tramiten en los centros de detención de Texas, y no en tribunales federales del Distrito de Columbia, como había sucedido hasta el momento.
Desde la Casa Blanca, se defendió la activación de la Ley de Enemigos Extranjeros como una respuesta a una emergencia de seguridad nacional. El gobierno sostuvo que, en virtud de la Constitución, el presidente tiene autoridad plena en cuestiones de defensa y control de fronteras, lo que justificaba el uso de esta normativa sin interferencia judicial. El recurso presentado ante el Supremo argumenta que la situación es tan urgente que debe resolverse sin demoras en tribunales de menor instancia.
El presidente Trump celebró el fallo en su red social Truth Social, destacando que la decisión del Tribunal Supremo reafirma la capacidad del Ejecutivo para proteger las fronteras del país y garantizar la seguridad de los ciudadanos. “¡Un gran día para la justicia americana!”, escribió Trump, subrayando que la Corte Suprema había defendido el Estado de derecho y la soberanía nacional.
La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, otorga al presidente de Estados Unidos la facultad de deportar a personas extranjeras sin necesidad de un juicio previo, si se considera que representan una amenaza para la seguridad del país. Trump justificó su invocación de esta ley al vincular al grupo criminal transnacional Tren de Aragua, originario de Venezuela, con el régimen del presidente Nicolás Maduro. Según el mandatario, esta organización criminal representa una amenaza directa a la seguridad interna de Estados Unidos.
A pesar de la orden judicial que bloqueaba el uso de esta ley, el gobierno de Trump procedió con la deportación de aproximadamente 200 venezolanos, quienes fueron enviados a El Salvador en tres vuelos fletados desde Texas. Estos migrantes fueron alojados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de alta seguridad. Sin embargo, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los criterios utilizados para seleccionar a los deportados, ni si se les informó adecuadamente sobre el proceso.
La reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha generado una fuerte oposición de organizaciones de derechos humanos, que consideran que el uso de esta normativa es obsoleto y violatorio de los principios fundamentales del debido proceso. Según estos grupos, la ley permite la deportación de personas sin garantías judiciales adecuadas, lo que podría vulnerar los derechos de los migrantes afectados. Estos colectivos han advertido que podrían presentar nuevas demandas ante tribunales estatales para impugnar la aplicación de la ley.
