La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández, dejando firme la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que le fue impuesta en 2022. En ese juicio oral, la exmandataria fue condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, sanción que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal en 2024.
El fallo del máximo tribunal también ratificó la absolución de Fernández por el delito de asociación ilícita, tras desestimar la solicitud de la Fiscalía para agravar la condena hasta doce años de cárcel.
Según el documento de 27 páginas difundido por la Corte, las decisiones judiciales previas se apoyaron en un conjunto amplio y sólido de pruebas, sin que se hayan violado garantías procesales ni derechos constitucionales. Los jueces del tribunal supremo destacaron que el debido proceso fue respetado y que la sentencia fue dictada conforme a la ley y las evidencias presentadas.
La causa Vialidad investigó las irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, beneficiando mayoritariamente a empresas ligadas al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. Durante la investigación, se determinó que alrededor del 85% de las obras viales de esa provincia fueron asignadas a Báez, generando beneficios económicos directos para sus compañías y, de manera indirecta, para empresas vinculadas a la familia Fernández.
La sentencia remarca que parte de los fondos públicos se desviaron hacia empresas familiares de la expresidenta a través de contratos de alquiler y administración, operaciones que la defensa intentó justificar alegando su legalidad y precios de mercado, argumentos que el tribunal desestimó. Para la Corte, esta situación evidencia una decisión presidencial que priorizó intereses particulares por encima del interés público, configurando así un perjuicio económico al Estado.
El tribunal también criticó las falencias de la defensa, que no aportó pruebas concretas para sostener alegatos de parcialidad judicial, limitándose a enumerar sospechas sin fundamento suficiente. En paralelo a la confirmación del fallo, la ex presidenta solicitó cumplir su condena bajo prisión domiciliaria, invocando motivos de seguridad personal, su avanzada edad y el intento de homicidio que sufrió en 2022.
La defensa también pidió que no se le imponga el uso de una tobillera electrónica, argumentando que la custodia policial permanente que posee garantiza el cumplimiento efectivo de la medida, aunque la legislación exige el uso de dispositivos electrónicos en casos de arresto domiciliario.
