La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó este jueves una sentencia histórica contra Brasil, responsabilizando al Estado de violar los derechos humanos de 171 comunidades Quilombolas (afrodescendientes) en el municipio de Alcântara, Maranhão. La sentencia se remonta a la década de 1980, cuando la dictadura militar brasileña ordenó el desplazamiento forzado de estas comunidades, con el fin de utilizar sus tierras para la construcción de un centro de lanzamientos espaciales.
El fallo establece que el Estado brasileño incurrió en múltiples violaciones a derechos humanos, incluyendo la propiedad colectiva, la libre circulación, la consulta previa y los derechos a la vivienda, educación y alimentación. La Corte también destacó la discriminación racial y la falta de protección judicial, citando que las comunidades Quilombolas fueron despojadas de su territorio sin el debido proceso y sin el derecho a decidir sobre su futuro.
La problemática comenzó en 1980, cuando el gobierno de la época expropió tierras para el proyecto de la base espacial de Alcântara, declarando las tierras de “utilidad pública” y, como consecuencia, desplazando a las comunidades. A lo largo de los años, el Estado implementó varias fases de reubicación, pero el proceso estuvo marcado por el incumplimiento y la falta de resolución para muchas familias, dejando sin cumplir los traslados que habían sido prometidos. La expropiación de 62.000 hectáreas en 1991 tampoco solucionó el problema, ya que el Estado no cumplió con los acuerdos para la reubicación de más familias.
El fallo de la CorteIDH indica que Brasil violó los derechos de las comunidades Quilombolas al no garantizar el uso adecuado de su territorio, ni las medidas compensatorias por las restricciones impuestas durante los “ventanas de lanzamientos” que afectaron sus actividades económicas y cultos religiosos. Además, la Corte subrayó el incumplimiento del Estado en realizar una consulta libre, previa e informada a las comunidades sobre las medidas que les afectarían.
La sentencia también señala que, aunque Brasil intentó en varias ocasiones establecer soluciones administrativas y judiciales entre 2008 y 2023, no se llegó a un acuerdo concreto ni a una resolución definitiva. Esta situación ha dejado a las comunidades Quilombolas en una continua lucha por sus derechos territoriales y contra la ineficacia del sistema judicial.
Recientemente, en septiembre de 2024, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva devolvió la propiedad de tierras vecinas a la base espacial de Alcântara a las comunidades afectadas. Este gesto fue visto como un paso hacia la reparación de los daños causados, ya que se declararon 78.105 hectáreas de “interés social” y se otorgaron a 3.350 familias de 152 comunidades.
El Estado brasileño reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la propiedad colectiva y la falta de titulación de las tierras. La Corte ordenó que Brasil otorgue un título colectivo a las comunidades, reconociendo las 78.105 hectáreas y garantizando la delimitación, demarcación y protección del territorio.
El caso de Alcântara pone de manifiesto las luchas históricas de las comunidades Quilombolas por la restitución de tierras y el reconocimiento de sus derechos. Las reparaciones ordenadas por la CorteIDH buscan no solo devolver la propiedad, sino también asegurar que no haya más perjuicios para las comunidades debido a proyectos de interés público.
Además de las medidas compensatorias, la Corte ordenó al Estado abstenerse de realizar actos que puedan afectar la existencia o uso del territorio acordado, lo que incluye la intervención de terceros o agentes del propio Estado. La sentencia resalta la importancia de proteger a las comunidades más vulnerables, como las Quilombolas, ante proyectos que pueden poner en riesgo su forma de vida y derechos fundamentales.
