Este jueves, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que autoriza la castración química de personas condenadas por abuso sexual contra menores de edad. La medida, que aún debe ser discutida en el Senado, establece el uso de “medicamentos inhibidores de libido” para reducir los impulsos de los agresores. El proyecto fue respaldado por 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, siendo apoyado principalmente por partidos de derecha moderada y ultraderecha.
La propuesta fue presentada por el diputado Ricardo Salles, miembro del bloque bolsonarista, y contempla un régimen de medicamentos para disminuir la producción de testosterona en los agresores, en lugar de recurrir a una cirugía. Este tratamiento tiene como objetivo reducir significativamente el deseo sexual de los condenados, lo que, según sus defensores, disminuiría el riesgo de reincidencia en delitos.
Además de la castración química, el proyecto incluye la creación de un registro público de personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Este registro, que incluirá fotografías e información personal de los agresores, sería gestionado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), encargado de garantizar la transparencia judicial en el país. A pesar de la controversia, la medida ha sido defendida como un paso necesario para proteger a los menores y asegurar que los agresores sean vigilados de cerca.
A nivel internacional, la castración química ya se aplica en varios países como parte de los programas de rehabilitación de delincuentes sexuales. Su uso está destinado a reducir el riesgo de reincidencia, al inhibir el deseo sexual mediante medicamentos que reducen la testosterona. Sin embargo, la eficacia de este tratamiento es un tema de debate, y su implementación ha generado críticas por sus implicaciones éticas y por su posible falta de efectividad en la prevención de delitos sexuales.
Dentro del Congreso brasileño, el proyecto ha suscitado posturas divididas. El diputado Ubiratan Sanderson, del Partido Liberal, calificó la medida como “importante” y subrayó que ya se aplica en países como Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, Sanderson también sugirió que “lo ideal” sería implementar la pena de muerte para los condenados por pedofilia, lo que refleja la posición más extrema de algunos sectores.
Por otro lado, la oposición ha expresado su rechazo rotundo al proyecto. La diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), se mostró en contra de la ley, argumentando que la prevención de los abusos sexuales debería centrarse en la educación sexual en las escuelas. Petrone calificó la propuesta de “farsa”, cuestionando su efectividad y señalando que la implementación de programas educativos sería una estrategia más adecuada para abordar la problemática.
El proyecto, ahora aprobado en la Cámara de Diputados, será enviado al Senado, donde aún no hay un consenso claro sobre su viabilidad. Algunos sectores de la política ya anticipan un debate igualmente polarizado en la cámara alta, lo que podría retrasar la decisión final. Si el proyecto se ratifica, Brasil se unirá a la lista de países que han adoptado la castración química como una medida punitiva para los delitos sexuales graves.
La aprobación de este proyecto ha desatado un intenso debate en la sociedad brasileña, tanto a favor como en contra. Mientras algunos consideran que la medida es un avance en la lucha contra los abusos sexuales, otros alertan sobre los riesgos de caer en medidas punitivas sin un enfoque integral que también considere la prevención y rehabilitación de los agresores.
