El magistrado Alexandre de Moraes le dio este miércoles un plazo de 48 horas a la defensa para que justifique por qué el expresidente Jair Bolsonaro habría violado condiciones impuestas por la Justicia, reincidido en acciones ilegales y, según nuevos hallazgos, estado preparando su posible huida del país.
El caso forma parte del proceso penal por el intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro es investigado por presuntamente haber liderado una conspiración para desconocer los resultados y sostenerse en el poder por medios irregulares.
La investigación dio un giro con el hallazgo de un documento en uno de los teléfonos celulares del exmandatario, incautado en el marco del proceso. El archivo, de 33 páginas, sería un borrador de un pedido de asilo político al presidente argentino Javier Milei. Aunque sin fecha ni firma, el texto plantea una narrativa de persecución y solicita refugio por supuestos motivos políticos.
El archivo estaba almacenado en el celular de Bolsonaro desde 2024, cuando ya estaba bajo investigación. Para la Policía Federal, el contenido del documento y su existencia en ese contexto refuerzan la hipótesis de un plan de evasión hacia Argentina, al que el ex presidente podría haber recurrido si la causa judicial avanzaba de manera adversa.
Según fuentes de la investigación, la autora del documento sería Fernanda Bolsonaro, esposa del senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado. Esta posible participación agrava la situación familiar del ex presidente, que ya involucra a varios de sus allegados en la causa por tentativa de abolición del orden democrático.
El juez de Moraes también destacó que Bolsonaro habría violado reiteradamente la restricción impuesta por la justicia que le prohíbe el uso de redes sociales. Las publicaciones, realizadas a través de cuentas indirectas o interpuestas, podrían constituir una desobediencia sistemática a las condiciones de su detención domiciliaria.
El proceso penal se extiende a otro de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien actualmente reside en Estados Unidos. Según la Policía, tanto él como su padre intentaron influir en el proceso judicial mediante presiones externas, incluso buscando que el entorno de Donald Trump interviniera diplomáticamente en su favor.
Las autoridades brasileñas sostienen que esta maniobra internacional no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que incluyó la difusión de discursos negacionistas sobre el resultado electoral, el incentivo a movilizaciones y la coacción institucional contra el Supremo Tribunal Federal.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos se expresó en términos tajantes sobre la situación. En un comunicado oficial, advirtió que “ningún tribunal extranjero puede invalidar sus sanciones” y calificó al juez de Moraes como una figura “tóxica” para el sistema legal y financiero internacional.
Washington dejó en claro que quienes mantengan vínculos con el magistrado podrían estar sujetos a sanciones bajo su legislación, incluso si no son ciudadanos estadounidenses. La advertencia fue interpretada como un intento de frenar cualquier intento de deslegitimar la actuación judicial en Brasil mediante alianzas políticas exteriores.
La declaración de EE.UU. se dio poco después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) fallara a favor de de Moraes, reforzando el respaldo institucional interno a sus acciones. La tensión entre el sistema judicial brasileño y sectores del bolsonarismo parece escalar a medida que se acercan definiciones clave en la causa.
