El 12 de noviembre de 2019, Jeanine Añez asumió la presidencia de Bolivia en un país sumido en la crisis política. Ante un Congreso vacío y con un discurso que anunciaba su compromiso de pacificar la nación, Añez tomaba las riendas de un país en caos tras la renuncia de Evo Morales. La renuncia del entonces presidente, después de denuncias de fraude electoral y un creciente levantamiento social, dejó al país en un vacío de poder que sería rápidamente ocupado por la senadora beniana.
El proceso se desató después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando el sistema de conteo se interrumpió sorpresivamente y cuando reanudó, Morales se proclamó vencedor en primera vuelta. Las protestas no se hicieron esperar. Primero, un paro cívico en Santa Cruz que rápidamente se extendió por todo el país, exigiendo una segunda vuelta, luego la anulación de los comicios y finalmente la renuncia del presidente. Morales, al borde de la crisis, ofreció una auditoría a la Organización de Estados Americanos (OEA), que poco después publicó un informe preliminar denunciando irregularidades graves en el proceso electoral.
El 10 de noviembre, Morales aceptó anular las elecciones y convocar nuevos comicios, pero ya era demasiado tarde. Las protestas pedían su renuncia inmediata. Horas más tarde, Morales dimitió, junto con los miembros de su gabinete y la línea de sucesión, dejando el camino libre para la asunción de Añez.
El ascenso de la senadora Añez, de bajo perfil político, se produjo en un escenario de vacío de poder y negociaciones entre los actores políticos, que acordaron la formación de un nuevo gobierno. Añez asumió primero como presidenta del Senado y, en un acto sin los procedimientos formales requeridos, se auto proclamó presidenta del Estado en una sesión sin quórum, con el respaldo de las fuerzas militares.
La legalidad de su mandato ha sido cuestionada desde el principio. El Movimiento al Socialismo (MAS) y sus seguidores denuncian un golpe de Estado, argumentando que la renuncia de Morales fue forzada y que el ascenso de Añez al poder no cumplió con los requisitos legales. Por el contrario, los opositores al massismo justifican la sucesión como constitucional, debido al contexto de fraude electoral y las movilizaciones populares que exigían la salida de Morales.
Cinco años después, el país sigue dividido entre quienes ven en este episodio una intervención militar en la política boliviana y quienes lo interpretan como un proceso legal para restaurar el orden tras el cuestionado mandato de Morales.
