Nueve individuos fueron arrestados en Génova, en el noroeste de Italia, en una operación judicial que también afectó a tres organizaciones benéficas acusadas de desviar fondos hacia Hamas. La investigación se realizó tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
La medida fue ordenada por la justicia a solicitud de la Dirección Antimafia y Antiterrorista, en el marco de los esfuerzos italianos y europeos para frenar la financiación de actividades terroristas.
Entre los detenidos figura Mohammad Hannoun, identificado como líder de la rama internacional de Hamas y responsable de la célula en Italia. Según las autoridades, Hannoun ocupaba cargos administrativos en las asociaciones y dirigía la recaudación de fondos, destinando la mayor parte al grupo islamista.
Otros arrestados incluyen a Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante en el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d’Oro; y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de transferir más de 460.000 euros a Hamas, incluso en efectivo.
Las organizaciones investigadas son la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, la Organización de Voluntarios para Palestina y La Cupola d’Oro, fundadas entre 1994 y 2003. Según la investigación, los fondos desviados superan los 7,2 millones de euros.
Las autoridades detallaron que se utilizaron mecanismos de triangulación y transferencias bancarias internacionales para canalizar los recursos hacia Gaza, los Territorios Palestinos y, en algunos casos, Israel, camuflando las operaciones bajo supuestas ayudas humanitarias.
Parte de los recursos habría sido destinada a apoyar a familias de terroristas suicidas y personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, evidenciando el uso de entidades benéficas como fachada para actividades ilícitas.
A los arrestados se les imputan delitos de “conspiración para cometer terrorismo, incluido el internacional, y subversión del orden democrático”, según comunicó la Fiscalía italiana.
La operación contó con cooperación internacional, especialmente con autoridades policiales y judiciales de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea, lo que permitió identificar y desarticular la red de financiamiento.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, calificó el caso como “grave” y resaltó la necesidad de mantener vigilancia constante frente a actividades aparentemente humanitarias que en realidad respaldan organizaciones extremistas.
Piantedosi subrayó que la investigación demuestra cómo algunas estructuras utilizan la asistencia social como fachada para financiar el terrorismo, reforzando la importancia de controles estrictos y cooperación internacional.
Las autoridades italianas anunciaron que continuarán supervisando estrechamente a otras entidades de ayuda humanitaria para evitar que fondos legítimos sean desviados hacia actividades ilícitas, reafirmando su compromiso de proteger tanto la seguridad nacional como la integridad de la ayuda humanitaria.
Fuente: Infobae
