La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el inicio de un programa de asistencia financiera directa dirigido a inmigrantes perjudicados por las recientes redadas de inmigración ejecutadas bajo las nuevas directrices federales. La iniciativa contempla la distribución de tarjetas con montos de “unos cientos de dólares” y comenzará a implementarse la próxima semana.
El anuncio se produce en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria nacional, impulsada por el gobierno federal bajo la promesa de llevar a cabo la “mayor operación de deportación masiva” en la historia del país. Las acciones han generado preocupación entre comunidades inmigrantes y autoridades locales.
Según Bass, muchas personas afectadas por las redadas han dejado de asistir a sus trabajos por miedo, lo que ha provocado una caída en los ingresos familiares y un aumento de situaciones críticas como riesgo de desalojos. “Hay quienes no salen de sus casas, no trabajan, y necesitan dinero para sobrevivir”, declaró la alcaldesa el 11 de julio, ejemplificando con el caso de una familia local al borde del desalojo tras la detención de su principal sostén económico.
La alcaldía precisó que el programa no será financiado con fondos públicos, sino con donaciones del sector privado. La distribución de la ayuda estará en manos de organizaciones comunitarias, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), con experiencia en asistencia a poblaciones vulnerables.
Aunque aún no se han revelado los criterios de elegibilidad para acceder a las tarjetas, la municipalidad aseguró que se trabaja en establecer canales transparentes entre los donantes y las organizaciones encargadas de repartir la ayuda. La prioridad será llegar a las familias directamente afectadas por las redadas.
La propuesta toma como modelo el programa Angeleno Cards, implementado durante la pandemia de COVID-19, que proporcionó ayuda monetaria de emergencia a los residentes más necesitados de la ciudad. Bass afirmó que la experiencia previa será clave para garantizar eficiencia en la ejecución del nuevo plan.
Junto con el anuncio, Bass firmó una orden ejecutiva que obliga a todos los departamentos municipales a actualizar sus políticas y reforzar la capacitación del personal para garantizar el cumplimiento de las leyes locales, que prohíben la colaboración con operativos de inmigración civil, salvo en casos de delitos graves.
La orden establece un plazo de dos semanas para que cada agencia presente sus nuevos protocolos internos. Además, se creará una mesa de trabajo para revisar las actuaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en relación con agencias federales de inmigración.
La disposición también instruye a solicitar informes formales a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las recientes redadas llevadas a cabo en la ciudad, como parte del esfuerzo municipal por aumentar la transparencia y el control sobre la colaboración local en operativos federales.
En paralelo, crece la polémica en California por el costo humano y económico de las deportaciones masivas. Un estudio del American Immigration Council advierte que expulsar a un millón de personas al año podría suponer un gasto de hasta 88 mil millones de dólares anuales, con un costo único estimado en 315 mil millones.
Bass sostuvo que la política local seguirá firme en la protección de las comunidades inmigrantes, a pesar del aumento de recursos federales destinados a operativos en los llamados “estados santuario”. “Nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás frente al miedo e incertidumbre que estas políticas generan”, afirmó.
La alcaldía reafirmó su compromiso con la transparencia y con garantizar el acceso a la información sobre cualquier implicación de la ciudad en procedimientos migratorios, mientras continúa trabajando con actores comunitarios para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.
