La Fiscalía de Brasil presentó este lunes cargos formales contra el diputado Eduardo Bolsonaro por delito de “coacción”, acusándolo de intentar presionar al sistema judicial con amenazas vinculadas a sanciones estadounidenses, en el marco del proceso por golpismo contra su padre, Jair Bolsonaro.
Según la acusación, mientras se encontraba en los Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro amenazó a autoridades judiciales y otros poderes con que Estados Unidos aplicaría sanciones si el proceso contra su padre no terminaba a su favor.
Jair Bolsonaro fue condenado recientemente a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado luego de perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Los fiscales afirmaron que las amenazas realizadas por Eduardo son “inequívocas y consistentes” y que buscan supuestamente subordinar los intereses de la República a los intereses personales de su familia.
En la misma causa fue también procesado el influenciador Paulo Figueiredo bajo los mismos cargos. Sin embargo, la Fiscalía, pese a recomendaciones policiales, no procedió a imputar de momento a Jair Bolsonaro directamente por esa acusación de coacción.
Eduardo Bolsonaro respondió en redes sociales calificado como persecución política, afirmando que esa acusación es una pérdida de tiempo y que no se dejarán intimidar.
Esta acusación coincide con nuevas sanciones de Estados Unidos: el gobierno de Trump impuso aranceles del 50 % a exportaciones brasileñas y sanciones personales a funcionarios implicados, incluyendo a Viviane Barci (esposa del juez Alexandre de Moraes) y restricciones de visas.
Los castigos se dictaron bajo la Ley Magnitsky, que permite sancionar violaciones de derechos humanos, corrupción y abuso de poder. Las sanciones incluyen congelamiento de activos y restricciones de viajes.
El juez Alexandre de Moraes calificó las sanciones como una injerencia imperdonable que viola la soberanía de Brasil y la independencia del sistema judicial. Las autoridades brasileñas protestan por lo que consideran ataques políticos desde el extranjero.
De parte de EE.UU., el secretario del Tesoro, Scott Bessent acusó al juez de coordinar procesos judiciales politizados, censura y detenciones arbitrarias, especialmente contra Bolsonaro y sus seguidores.
Brasil, bajo el gobierno de Lula, respondió con “profunda indignación” ante las sanciones y advirtió que esta escalada podría afectar las relaciones diplomáticas, considerando las sanciones una forma de presión política externa.
