El Ministerio Público de Honduras abrió una nueva fase en el caso Pandora II tras confirmar que solicitará la activación de una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
El anuncio fue realizado por el fiscal general Johel Zelaya, quien aseguró que la decisión responde al compromiso institucional de perseguir los delitos que habrían sido cometidos durante la administración del exmandatario.
Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, está siendo investigado por presunto lavado de activos y fraude en una causa que sigue abierta, pese a su reciente liberación en Estados Unidos.
El fiscal Zelaya se pronunció a través de su cuenta oficial en X, en un mensaje emitido previo al Día Internacional Contra la Corrupción, remarcando que el país ha sido profundamente afectado por redes criminales enquistadas en el Estado.
En su declaración, Zelaya instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) a iniciar los procedimientos internos necesarios para proceder con la orden de captura. También exhortó a los organismos de seguridad y a Interpol a colaborar en la eventual detención del exgobernante.
El fiscal enfatizó que la lucha del Estado hondureño contra la corrupción será directa y constante, subrayando que los delitos atribuidos a Hernández habrían causado un daño significativo a la administración pública.
El expresidente ya había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2024 y posteriormente condenado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas.
La sentencia incluía una multa de ocho millones de dólares y un período adicional de supervisión, pero el 1 de diciembre de 2025 quedó en libertad luego de recibir un indulto otorgado por el presidente Donald Trump.
Tras su liberación, Hernández agradeció públicamente al mandatario estadounidense, afirmando que el perdón representaba un reconocimiento a lo que describió como una “injusticia” en su caso.
Pese al indulto, la Fiscalía de Honduras sostiene que los procesos judiciales en su contra siguen en pleno vigor, ya que la medida presidencial estadounidense no tiene efecto sobre los casos abiertos en territorio hondureño.
Las tensiones políticas generadas por el indulto han reavivado el debate sobre la relación entre decisiones ejecutivas en Estados Unidos y los procesos judiciales en Latinoamérica, especialmente en casos vinculados a corrupción y crimen organizado.
La solicitud de captura internacional refuerza la intención del Ministerio Público de avanzar en el combate a delitos financieros y de lavado de activos, un desafío persistente en la estructura institucional hondureña.
