El abogado Santiago Moratorio, representante legal del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, llegó a Paraguay en la noche del domingo con el objetivo de brindar asesoramiento jurídico a Gianina García Troche, pareja del prófugo, quien permanece en el penal militar de Viñas Cué.
Según explicó el profesional, su clienta atraviesa un delicado estado de salud que, a su criterio, no está siendo atendido con la seriedad necesaria por parte del Estado paraguayo. Afirmó que desde hace tres meses solicitaron evaluaciones neurológicas ante episodios de convulsiones, sin obtener respuestas satisfactorias.
Moratorio describió el cuadro de García Troche como “crítico y lamentable”, asegurando que la mujer está sometida —en sus palabras— a un proceso “arbitrario” y “sin garantías”, donde considera que no se está respetando el debido proceso judicial.
El abogado señaló además que la integridad física de la procesada está en riesgo, al denunciar que la mujer presenta moretones que requieren una evaluación médica especializada. Solicitó que sea trasladada a centros hospitalarios con equipos adecuados para estudios más completos.
Sin embargo, indicó que hasta el momento no recibieron autorización para realizar dichas consultas médicas, pese a los insistentes pedidos presentados ante las autoridades competentes.
Moratorio también acusó al Estado paraguayo de ejercer presiones indebidas con la intención de forzar la entrega de Sebastián Marset a la justicia local. Calificó la situación como “una extorsión” orientada a obtener la colaboración del uruguayo.
Sostuvo que se está aplicando lo que denominó “derecho penal del enemigo”, afirmando que se criminaliza a García Troche únicamente por su vínculo sentimental con Marset. Según el abogado, las autoridades estarían actuando con una lógica de persecución que excede el marco legal.
La semana pasada, García Troche fue trasladada al Hospital Militar luego de sufrir nuevos episodios de convulsiones. Tras recibir atención médica, fue retornada a su celda en Viñas Cué, donde posteriormente se dispuso una sanción disciplinaria.
De acuerdo con el informe del penal, la procesada —imputada por presunto lavado de dinero en el caso Ultranza Py— habría incurrido en actos de indisciplina que incluyeron amenazas de autoeliminación.
Además, la dirección del penal reportó la destrucción de las cámaras de vigilancia del área donde se encuentra recluida, hecho que motivó la apertura de un sumario y la comunicación inmediata a la autoridad judicial competente.
Tras ser informada de la situación, la jueza Rosarito Montanía ordenó que García Troche permanezca cinco días sin recibir visitas de sus familiares como medida sancionatoria, conforme al reglamento interno del centro de reclusión.
Mientras tanto, la defensa insiste en que la mujer necesita atención médica especializada y reitera que seguirá reclamando lo que considera garantías básicas de un proceso justo. El Ministerio de Justicia aún no se pronunció públicamente sobre las nuevas denuncias planteadas por Moratorio.
