El gobierno del presidente Yamandú Orsi anunció un giro significativo en la política de abastecimiento de agua potable: en lugar de continuar con el proyecto Neptuno —propuesto por el expresidente Luis Lacalle Pou—, construirá dos plantas potabilizadoras en Aguas Corrientes y Solís Chico.
El proyecto Neptuno preveía la instalación de una toma de agua sobre el Río de la Plata, en Arazatí, departamento de San José, a 100 kilómetros de Montevideo. Su principal argumento era el acceso a una fuente de agua “inagotable”, pero generó resistencias desde distintos sectores.
La iniciativa firmada por el gobierno saliente en sus últimas semanas fue recibida con recelo por el nuevo equipo de gobierno. Una de las primeras medidas adoptadas por Orsi tras asumir el 1° de marzo fue suspender por 90 días la ejecución del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, integrado por empresas como Berkes, Saceem, Cimsa y Fast.
Durante ese plazo, el Ejecutivo priorizó la renegociación del acuerdo, atendiendo a críticas previas desde la academia, organizaciones sociales y figuras del Frente Amplio. El vencimiento del plazo esta semana obligó al gobierno a definir una alternativa que no implique sanciones ni paralización.
La nueva propuesta consiste en una planta potabilizadora en Aguas Corrientes, donde ya existe infraestructura de OSE, capaz de inyectar 200 mil metros cúbicos de agua al sistema que abastece a Montevideo. Además, se construirá una reserva de agua en el arroyo Solís Chico y una pequeña planta en esa misma área.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, presentó el plan como una solución sostenible hasta 2045. Aseguró que con este rediseño se abarata en un tercio el costo total de la inversión, que bajo el modelo original ascendía a unos USD 900 millones.
Un punto clave del nuevo enfoque es que la gestión del agua seguirá bajo control de OSE, evitando así los cuestionamientos constitucionales que surgieron durante el debate sobre la participación privada en el proyecto Neptuno.
Durante la conferencia de prensa, el representante del consorcio, Alejandro Ruibal, respaldó el nuevo acuerdo. Señaló que la solución “mejora la seguridad del sistema de suministro de agua potable” y destacó su impacto positivo en términos de empleo y dinamización de la obra pública.
Otra obra que planea impulsar el gobierno es la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida. Aunque no forma parte de la renegociación actual, el ahorro logrado en el nuevo esquema permitirá destinar fondos a este desarrollo estratégico.
La decisión generó la reacción del expresidente Lacalle Pou, quien ha mantenido un perfil bajo desde su salida del poder. En la red social X, cuestionó duramente la resolución del gobierno de Orsi, calificándola como “política y técnicamente desacertada”.
El exmandatario advirtió sobre el riesgo de repetir la sequía de 2023, cuando el agua potable llegó con salinidad a los hogares. “Motivos ajenos al proyecto nos hacen perder tiempo y equivocarnos de rumbo”, escribió, y cerró responsabilizando directamente a Orsi y su equipo por las consecuencias futuras.
