El general retirado del Ejército brasileño Mário Fernandes confesó ante la Corte Suprema haber redactado un documento que incluía un plan para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. La declaración fue hecha en el marco de la investigación judicial que involucra al exmandatario Jair Bolsonaro por su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones de 2022.
Fernandes, quien formó parte del gobierno de Bolsonaro como jefe interino de la Secretaría General de la Presidencia, aseguró haber escrito el documento por iniciativa propia y lo describió como una “reflexión personal” sin intención de difusión. Según su testimonio, elaboró el texto en el Palacio de Planalto, lo imprimió para su lectura privada y luego lo destruyó.
“No fue entregado a nadie, no fue compartido con nadie”, sostuvo durante su comparecencia virtual ante el Supremo Tribunal Federal (STF). Sin embargo, para el Ministerio Público, el documento fue parte de un plan identificado como “Puñal Verde y Amarillo”, una conspiración que contemplaba la eliminación física de Lula, del vicepresidente electo Geraldo Alckmin, y del juez Alexandre de Moraes.
Según la fiscalía, el militar llevó el documento el 6 de diciembre de 2022 al Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente en funciones, para discutir su contenido con Bolsonaro. Ese mismo día, el entonces mandatario también habría recibido un borrador de decreto para anular los resultados de los comicios.
La estrategia, según los investigadores, apuntaba a deslegitimar la elección de Lula da Silva y evitar que asumiera la presidencia el 1 de enero de 2023. El supuesto plan incluía medidas excepcionales y una intervención institucional que sería justificada con base en denuncias infundadas de fraude electoral.
El intento de golpe no se materializó debido, en gran parte, a la falta de apoyo entre los altos mandos militares, señala la acusación. Aun así, la causa involucra a más de treinta exfuncionarios del entorno de Bolsonaro, todos actualmente investigados por su participación en el plan.
Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, es acusado de liderar una operación para subvertir el orden constitucional tras su derrota electoral en la segunda vuelta. Desde entonces, ha mantenido una retórica de desconfianza hacia el sistema democrático, cuestionando la legitimidad del proceso electoral.
El documento redactado por Fernandes habría sido parte central del plan denominado “Puñal Verde y Amarillo”, programado para ejecutarse el 15 de diciembre de 2022, días antes de la toma de posesión de Lula. La ofensiva buscaba eliminar a figuras clave del nuevo gobierno y al magistrado que presidía el Tribunal Superior Electoral.
Tanto Lula como Alckmin y el juez Moraes han sido señalados como blancos prioritarios dentro del complot. Moraes, en particular, es una figura central en el proceso judicial que hoy investiga a Bolsonaro por sedición e intento de ruptura institucional.
La semana pasada, el Ministerio Público formalizó su pedido de condena contra Bolsonaro. Si es hallado culpable, el expresidente podría enfrentar una sentencia de hasta 40 años de prisión por su rol en la supuesta conspiración golpista.
El caso ha generado un fuerte impacto en el escenario político brasileño, reabriendo el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la fragilidad democrática en la región. La confesión del general Fernandes suma un elemento de extrema gravedad al proceso judicial.
