El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este jueves una profunda reestructuración del aparato estatal. La medida incluye la reducción de ministerios de 20 a 14, la disminución de secretarías de 9 a 3 y la desvinculación inmediata de 5.000 funcionarios públicos.
La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, fue la encargada de comunicar oficialmente la decisión, que afecta tanto a instituciones del Ejecutivo como al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Según explicó, el recorte responde a un “proceso técnico de eficiencia” y no obedece a razones políticas.
“Nos planteamos construir un Estado eficiente, que brinde servicios públicos de calidad”, aseguró Jaramillo. Agregó que las desvinculaciones se han basado en análisis institucionales y que no alcanzan a médicos, docentes, policías, militares ni a personas en situación de vulnerabilidad.
El recorte está alineado con los objetivos fiscales del Gobierno y con los compromisos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de un acuerdo crediticio de 5.000 millones de dólares firmado en 2023. La reestructuración también busca reducir el déficit estatal.
Entre las fusiones anunciadas se encuentra la integración del Ministerio de Vivienda con el de Transporte y Obras Públicas, mientras que las carteras de Cultura, Deporte y Educación Superior pasarán al Ministerio de Educación. Además, el Ministerio de la Mujer será absorbido por el de Gobierno, y Ambiente se integrará a Energía y Minas.
La reorganización también modifica el control de áreas clave como la seguridad. El SNAI, responsable del sistema penitenciario, y el ECU-911, dejarán de reportar directamente a la Presidencia y pasarán a estar bajo el Ministerio del Interior. Otros organismos serán degradados a viceministerios.
La vocera del Ejecutivo aclaró que las 5.000 desvinculaciones iniciales no incluyen aún las que surgirán por las fusiones ministeriales, las cuales se anunciarán más adelante. “El objetivo es sacar a quienes dificultan un funcionamiento eficiente”, puntualizó.
En ese sentido, Jaramillo advirtió que parte de los funcionarios despedidos estarían vinculados con redes de corrupción. Aunque no dio nombres ni detalles, aseguró que el Gobierno tiene como prioridad “desmantelar mafias enquistadas en las instituciones del Estado”.
La funcionaria sostuvo que el proceso de despidos será inmediato, pero dentro del marco legal. “Se respetarán las leyes laborales y constitucionales. Las indemnizaciones están financiadas”, aclaró. Añadió que, posteriormente, se abrirán nuevas vacantes destinadas a jóvenes interesados en ingresar al servicio público.
Este es el mayor ajuste institucional emprendido por Noboa desde su llegada al poder en noviembre de 2023. Con él, busca consolidar una imagen de modernización administrativa y combatir la ineficiencia que, según él, ha afectado la credibilidad del Estado.
Desde su cuenta de Instagram, el mandatario reafirmó el mensaje: “Aquí estamos para trabajar con gente comprometida con el país. El que no, fuera”. En el video que acompaña su publicación, Noboa critica con dureza la burocracia estatal, mencionando casos de corrupción y negligencia como la venta ilegal de turnos y la inoperancia de sistemas.
“Se acabó”, sentenció en el mensaje audiovisual, dejando en claro que su gobierno no tolerará prácticas que, a su juicio, han frenado el desarrollo institucional del país.
