El presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la entrega oficial de archivos confidenciales a familiares de personas ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura militar (1973–1990). El acto tuvo lugar en el marco del Día Internacional de los Archivos y forma parte del Plan Nacional de Búsqueda, una política pública inédita impulsada desde el Ejecutivo.
Los documentos, conocidos como “carpetas de calificación”, contienen antecedentes que sirvieron para acreditar la condición de víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Augusto Pinochet. Esta información fue recopilada por organismos oficiales como la Comisión Rettig y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, durante el período de transición a la democracia.
El gobierno destacó que estos archivos representan no solo un recurso probatorio sino también un patrimonio histórico, simbólico y humano. “Constituyen parte fundamental de la memoria de las familias, la comunidad y el país”, señaló La Moneda en un comunicado. Cabe recordar que este archivo fue declarado Monumento Nacional en 2022, dada su relevancia para la historia reciente de Chile.
Las cifras oficiales dan cuenta de la magnitud de la tragedia: más de 3.200 personas fueron asesinadas durante la dictadura, de las cuales 1.469 corresponden a desapariciones forzadas. Hasta la fecha, solo se han podido identificar los restos de 307 víctimas. La entrega de esta documentación busca impulsar nuevas investigaciones y reforzar el derecho de las familias a saber la verdad sobre el destino de sus seres queridos.
En paralelo a esta entrega, el Gobierno anunció la creación de un banco público de ADN destinado a facilitar la identificación de víctimas de adopciones ilegales ocurridas durante el mismo período. Estas adopciones forzadas, muchas de ellas orquestadas desde instituciones del Estado, afectaron principalmente a mujeres jóvenes y vulnerables, cuyos hijos recién nacidos fueron dados en adopción sin su consentimiento.
Organizaciones como la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que desde hace años luchan por el derecho a la identidad, han valorado el anuncio. No obstante, exigieron que la implementación del banco genético no se postergue. “Es una medida esperanzadora, pero queremos que realmente se cumpla antes del fin de este mandato”, expresó su vocera, Marisol Rodríguez, quien busca a su hermano desaparecido desde 1972.
Los relatos de las víctimas revelan patrones sistemáticos de engaño, coacción y violencia institucional. Muchas madres fueron sedadas o presionadas en hospitales públicos para entregar a sus hijos, mientras se les informaba falsamente que habían muerto. El sistema involucró a médicos, matronas, jueces, religiosos y funcionarios estatales. Se estima que cerca de 20.000 niños fueron sustraídos y enviados a adopción en el extranjero.
A día de hoy, solo alrededor de 1.000 de estos niños —hoy adultos— han logrado reencontrarse con sus familias biológicas, según cifras del Poder Judicial. La falta de registros y la fragmentación de los casos dificultan el avance de las investigaciones. Por eso, el banco de ADN permitiría realizar búsquedas extrajudiciales y voluntarias, sin necesidad de iniciar procesos penales ni involucrar a las familias adoptivas.
“Hay personas que quieren conocer su origen sin romper el vínculo con sus padres adoptivos. Esta herramienta puede darles esa posibilidad sin miedo ni estigmatización”, sostuvo Rodríguez. Sin embargo, otras familias expresan dudas sobre la eficacia del anuncio, recordando experiencias fallidas como la de 2020, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que apenas logró recolectar unas pocas muestras genéticas.
El anuncio coincide con un hecho judicial relevante: por primera vez en Chile, un magistrado acreditó formalmente la existencia de una red de adopciones ilegales durante la dictadura y ordenó el procesamiento de cinco personas por la sustracción de menores. La causa, abierta en 2018, representa un paso inédito hacia la reparación judicial de estas prácticas sistemáticas.
“Nos robaron la vida, no solo a nuestros hijos. Necesitamos saber la verdad antes de morir”, dijo Nilda, madre que desde 1974 busca a su hija, quien supuestamente falleció al nacer. “Nunca la vi, nunca me dieron pruebas. Me mintieron, y me la arrebataron para siempre”, agregó conmovida durante el acto en La Moneda.
