El Gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Luis Arce, considera recurrir a organismos internacionales de derechos humanos ante el incremento de bloqueos en diversas rutas del país. Las movilizaciones, impulsadas por sectores afines al exmandatario Evo Morales, han generado un clima de creciente tensión política y social, especialmente en la región del Trópico de Cochabamba.
Según el ministro de Justicia, César Siles, el Ejecutivo analiza solicitar la intervención de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La intención sería constatar en terreno los impactos de las protestas, que ya afectan derechos básicos como la libre circulación, el acceso a la salud y la educación.
En ese marco, Siles no descartó la posibilidad de pedir la conformación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), similar al que investigó los hechos de violencia en Bolivia tras las elecciones de 2019. Esta eventual internacionalización del conflicto apunta a dotar de legitimidad a las acciones del gobierno frente a un contexto interno cada vez más polarizado.
Las protestas, que escalaron durante la última semana, responden al pedido de los simpatizantes de Morales de habilitarlo como candidato presidencial para las elecciones del próximo 17 de agosto. El exmandatario, que gobernó entre 2006 y 2019, intenta volver a la arena política con una nueva agrupación, tras renunciar a su militancia en el Movimiento al Socialismo (MAS).
Sin embargo, su postulación enfrenta múltiples obstáculos legales. Por un lado, su nuevo partido no cuenta con personería jurídica; por otro, el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó que la reelección presidencial solo es válida por una única vez consecutiva, cerrándole el camino a un nuevo mandato.
A pesar de este panorama jurídico adverso, Morales mantiene un discurso desafiante. Ha calificado esta semana como “decisiva” y acusó sin pruebas al presidente estadounidense Donald Trump de interferir en su intento de candidatura, elevando el tono de una narrativa cada vez más centrada en supuestas conspiraciones internacionales.
Los bloqueos organizados por sus seguidores han paralizado vías clave en Cochabamba y otras regiones, provocando desabastecimiento, retrasos en servicios médicos y dificultades para el transporte escolar. El Gobierno ha reportado más de 50 heridos hasta la fecha, entre ellos policías, personal médico y civiles.
En respuesta a estos hechos, el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra Morales y varios dirigentes implicados en las movilizaciones. La acusación incluye delitos como terrorismo, obstrucción de procesos electorales y asociación ilícita. Si bien la causa está en etapa preliminar, las autoridades no descartan ampliar los cargos conforme avancen las investigaciones.
La Policía Boliviana, por su parte, ordenó el repliegue de sus efectivos de algunas zonas conflictivas del Trópico de Cochabamba, argumentando amenazas a la integridad de su personal. Esta medida, aunque polémica, se enmarca en un intento por evitar enfrentamientos directos que podrían escalar la violencia.
En paralelo, el Ejército denunció la retención de un camión militar por parte de manifestantes en la localidad de Colomi. Aunque los soldados fueron liberados, el vehículo y el equipo no han sido recuperados. El hecho fue considerado grave por las autoridades, ya que expone una creciente hostilidad hacia las fuerzas del orden.
Las manifestaciones también han sido responsabilizadas de bloquear ambulancias, impedir el paso de productos esenciales y atacar vehículos públicos y privados. Solo el viernes pasado, la Policía arrestó a 19 personas que intentaban reinstalar piquetes en la ruta Cochabamba-Parotani.
