El presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a pronunciarse este viernes sobre los violentos incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por la Copa Intercontinental Sub-20.
A través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), Boric confirmó que conversó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien le informó que ya fueron identificados los agresores responsables del brutal ataque a simpatizantes del club chileno. Estas personas serán imputadas por intento de homicidio.
“Como sociedad, no podemos naturalizar hechos tan terribles”, expresó el mandatario, quien también agradeció la colaboración de las autoridades argentinas para esclarecer lo sucedido y avanzar con sanciones ejemplares.
Los incidentes se desataron el miércoles por la noche, en un partido que terminó suspendido por el nivel de violencia. Según la investigación, los disturbios comenzaron antes del inicio del encuentro, con destrozos en la tribuna visitante por parte de un grupo de hinchas de Universidad de Chile.
De acuerdo con el informe judicial, se rompieron instalaciones del estadio como baños, cámaras de seguridad y sectores del buffet. Posteriormente, se lanzaron escombros hacia la hinchada local, lo que provocó una respuesta violenta de los hinchas de Independiente, quienes irrumpieron en la tribuna visitante.
El enfrentamiento dejó varios heridos y escenas de violencia que recorrieron medios de toda la región. El fiscal Mariano Zitto calificó la situación como “extrema e inhumana” y comparó las imágenes con un escenario bélico de posbatalla.
Como consecuencia, el Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús ordenó la clausura preventiva del estadio Libertadores de América y suspendió todos los partidos con público, aunque permitió a Independiente jugar a puertas cerradas frente a Platense.
La Justicia también cuestionó duramente la gestión de la seguridad en el estadio, a cargo de una empresa privada contratada por el club argentino. Según el fiscal, la falta de coordinación con la policía provincial fue clave para el colapso del operativo.
Zitto sostuvo que los responsables de seguridad privada fueron totalmente superados y no lograron contener la violencia, lo que permitió que los hechos escalaran a un nivel nunca visto en este tipo de eventos.
La clausura del estadio es de carácter indefinido, aunque el juez dejó abierta la posibilidad de reabrirlo si se presentan garantías de seguridad concretas. El fallo busca marcar un precedente ante la escalada de violencia en el fútbol sudamericano.
En paralelo, la investigación penal avanza con imputaciones por intento de homicidio a los principales involucrados. Se espera que las sanciones incluyan penas severas si se comprueba la intención dolosa de los ataques.
