Fiscalía paraguaya imputó a tres exministros de Abdo Benítez por filtración de información confidencial

La Fiscalía de Paraguay presentó una acusación formal contra varios exfuncionarios del Gobierno de Mario Abdo Benítez, entre ellos, exministros clave de su gabinete, por presunta asociación criminal y filtración de informes confidenciales. La denuncia fue realizada por el expresidente Horacio Cartes y se enmarca en una investigación por supuesta persecución política.

La Fiscalía de Paraguay presentó este martes acusaciones contra varios exministros y funcionarios del Gobierno de Mario Abdo Benítez, quienes están involucrados en un escándalo de presunta filtración de información confidencial y otros delitos graves. Los cargos incluyen asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.

Los acusados en este caso son Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior; René Fernández, exministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac); Carlos Adolfo Arregui, exsecretario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad); además de varios exfuncionarios de la misma institución, como Guillermo Preda, Francisco Pereira, Carmen Pereira y Daniel Farías.

Esta acusación se da en el contexto de una denuncia presentada por el expresidente Horacio Cartes, quien alega haber sido víctima de una persecución política desde su mandato. En julio de 2023, Cartes presentó su denuncia, argumentando que ciertos actores dentro del poder político habrían utilizado su influencia para acosarlo. Según los fiscales Silvia González y Christian Benítez, quienes asumieron el caso tras la renuncia de Guillermo Sanabria, los exfuncionarios habrían formado un esquema entre 2021 y 2022 con el fin de elaborar y filtrar informes de inteligencia financiera, los cuales contenían información confidencial obtenida a través de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat.

El objetivo de este esquema, según la Fiscalía, habría sido dañar a los rivales políticos de Abdo Benítez, principalmente a Horacio Cartes y a su entonces candidato presidencial, Santiago Peña. Para ello, se habrían generado investigaciones penales falsas con el fin de debilitar su posición en el ámbito político y electoral.

Aunque la denuncia no menciona directamente a Mario Abdo Benítez, en la imputación inicial de marzo de 2024, el Ministerio Público señaló que durante su gobierno, el presidente habría rodeado su gabinete con ministros con experiencia en el ámbito investigativo, algunos de ellos exfiscales del Ministerio Público, lo que habría permitido la gestación de este esquema.

El escándalo también tiene repercusiones a nivel internacional. En julio de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Horacio Cartes de participar en actos de corrupción, lo que resultó en la prohibición de su ingreso a ese país. Además, en enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó económicamente a Cartes y a algunas de sus empresas.

La acusación de este martes, presentada ante la jueza Cynthia Lovera, no solo genera incertidumbre dentro del ámbito político paraguayo, sino que también pone en evidencia las tensiones internas dentro del Partido Colorado, especialmente entre los aliados de Abdo Benítez y los seguidores de Cartes.

La defensa de los acusados, por su parte, ha dado un giro al asunto. El abogado de Abdo Benítez, Enrique Kronawetter, recusó a los fiscales del caso debido a lo que considera una falta de objetividad en el proceso. Kronawetter argumentó que los fiscales involucrados, entre ellos César Sosa, Elva Cáceres y Osmar Segovia, tienen un claro sesgo y no cumplen con los estándares de imparcialidad.

El reclamo se centra en la supuesta falta de objetividad de las autoridades judiciales, lo que añade otra capa de complejidad al caso. El proceso legal continuará su curso mientras la sociedad paraguaya observa de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían tener repercusiones tanto en el futuro político de Abdo Benítez como en el de otros miembros influyentes del Partido Colorado.

Este caso ha puesto en el centro del debate público los mecanismos de persecución política en Paraguay y ha reavivado las tensiones entre los diferentes sectores del Partido Colorado. Mientras algunos defienden a Abdo Benítez y sus colaboradores, otros consideran que este es un claro intento de persecución política que busca debilitar a los opositores.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de un juicio oral y público para que los acusados enfrenten las acusaciones en su contra. Este proceso promete seguir siendo un tema candente en la política paraguaya durante las próximas semanas, mientras continúan las investigaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas durante el mandato de Abdo Benítez.