El expresidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reaccionó este miércoles a la acusación formal presentada por el Ministerio Público en su contra y de varios exfuncionarios de su gobierno. En un mensaje en sus redes sociales, Abdo anunció que pedirá al Congreso Nacional que le retire los fueros parlamentarios de senador vitalicio. Este anuncio llega en un momento delicado, tras la denuncia interpuesta por el expresidente Horacio Cartes, quien acusa a Abdo Benítez y a algunos de sus excolaboradores de haber filtrado información confidencial sobre su persona.
La acusación presentada por la Fiscalía involucra a varios exministros del gobierno de Abdo Benítez, incluyendo a Carlos Arregui (exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero – Seprelad), Arnaldo Giuzzio (exministro del Interior) y René Fernández (exministro de la Secretaría Anticorrupción), además de otros exfuncionarios de la Seprelad. La denuncia sostiene que estos funcionarios habrían cometido delitos como revelación de secretos, denuncia falsa, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
A pesar de la gravedad de la acusación, el expresidente Abdo Benítez no figura entre los imputados en este caso, ni tampoco el actual diputado oficialista Mauricio Espínola, quienes gozan de fueros parlamentarios. Sin embargo, en su mensaje, Abdo Benítez rechazó tajantemente las acusaciones, asegurando que son completamente infundadas. “Este caso está armado de manera escandalosa, con el único fin de perseguir a personas honestas que solo cumplieron con su deber”, expresó el expresidente.
El expresidente también denunció lo que consideró un “sometimiento” del Ministerio Público a un “grupo de poder”. Según Abdo, el caso fue manipulado para favorecer ciertos intereses, mientras que los verdaderos criminales son tratados con flexibilidad. “Silenciar la verdad solo logra dar voz a la impunidad y destruir nuestra democracia”, subrayó, apuntando directamente a la politización del caso.
La denuncia original de Horacio Cartes fue presentada en julio de 2023, cuando el expresidente de Paraguay acusó al gobierno de Abdo Benítez de haber filtrado información confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a los medios. Cartes sostiene que la divulgación de estos datos tenía como fin perjudicar políticamente.
El proceso se ha visto rodeado de controversias desde el principio. En particular, filtraciones de supuestas conversaciones entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, generaron sospechas sobre la imparcialidad de la investigación. Estos mensajes sugieren que Ovelar habría dado instrucciones al fiscal en la preparación de la imputación, lo que agrava la percepción de que la Fiscalía está actuando de manera tendenciosa.
El caso experimentó varios cambios en el equipo fiscal. A finales de marzo de 2024, el fiscal asignado al caso, Guillermo Sanabria, renunció sorprendentemente. La causa fue entonces asumida por los fiscales Elba Cáceres y César Sosa, quienes fueron recusados por la defensa de los imputados. Finalmente, la acusación formal fue presentada por los fiscales Christian Benítez y Silvia González, quienes solo tuvieron unas horas para familiarizarse con el caso antes de formalizar su acusación.
La acusación de la Fiscalía se produjo justo antes de que venciera el plazo de la prórroga extraordinaria que había sido concedida para completar las investigaciones. A pesar de los cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía, las autoridades judiciales decidieron avanzar con el caso, presentando la acusación horas antes de la fecha límite.
Este enfrentamiento entre los expresidentes Abdo Benítez y Cartes refleja la polarización política que ha marcado la historia reciente de Paraguay. Ambos líderes, provenientes del mismo Partido Colorado, han tenido diferencias notorias desde que Abdo Benítez asumió la presidencia en 2018. La guerra política entre ambos exmandatarios se ha intensificado en los últimos años, con acusaciones mutuas de corrupción y abuso de poder.
Por su parte, la respuesta del expresidente Abdo Benítez pone en duda la imparcialidad del sistema judicial en Paraguay. Su denuncia de persecución política subraya la tensión entre los sectores que lo apoyan y los que se alinean con Horacio Cartes. Mientras tanto, la Fiscalía sigue adelante con el caso, sin dar señales de retroceder ante las críticas de los acusados.
El futuro de este caso dependerá de las decisiones que tome el Congreso, especialmente en lo que respecta al pedido de desafuero de Abdo Benítez. La solicitud de que le sean retirados los fueros parlamentarios podría desencadenar una nueva fase en este conflicto, que ya ha tenido implicaciones profundas en la política paraguaya.
