La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este martes que mantiene activas tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto, expresidente de México entre 2012 y 2018.
El primer caso involucra diversas denuncias relacionadas con la empresa española OHL, que habría participado en presuntos amaños durante obras públicas en el Estado de México.
El segundo expediente se originó por denuncias de autoridades hacendarias, enfocadas en presuntos delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, sumando más de un millón de dólares.
El tercer proceso apunta a un posible caso de enriquecimiento ilícito, aunque la FGR aún no ha presentado ninguno de los casos ante un juez ni ha precisado el tiempo que tardará en hacerlo.
De presentarse ante la justicia, Peña Nieto podría enfrentar medidas cautelares que incluyen la prisión preventiva, tal como contempla la ley mexicana para este tipo de delitos.
El expresidente reside en España desde hace varios años, gracias a un visado dorado dirigido a inversores, situación que aumenta la presión política y mediática sobre su figura.
Durante los primeros años del actual sexenio, el Gobierno y la FGR se centraron en otras investigaciones, como la del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, involucrado en el escándalo Odebrecht.
Sin embargo, en los últimos meses, la relación del Ejecutivo con el PRI se ha tensado, especialmente por la oposición del partido a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que limita la participación privada en el sector energético.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció recientemente que Peña Nieto habría recibido más de 26 millones de pesos mediante transferencias irregulares a cuentas de familiares, un caso que ya es parte de las investigaciones.
Otro foco de las pesquisas es el escándalo de OHL en el Viaducto Bicentenario, con denuncias de presunto amaño en peajes durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México.
Además, su nombre ha surgido en investigaciones vinculadas al caso Odebrecht, donde se indaga su posible participación en una red de sobornos para favorecer reformas energéticas que beneficiaron a la inversión privada.
El anuncio de la FGR se produce a menos de un año de las elecciones en el Estado de México, último bastión del PRI, donde la política local se entrelaza con los procesos judiciales y la presión sobre figuras del pasado reciente.
