Los diputados de Argentina de todos los bloques políticos firmaron por unanimidad un extenso pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el escándalo del fentanilo contaminado, que ha dejado un saldo trágico de víctimas y una creciente alarma sanitaria.
El documento consensuado contiene 26 preguntas clave, entre ellas, cuántos casos han sido registrados, cuántas personas fallecieron y qué acciones tomó la ANMAT desde la detección de los primeros lotes defectuosos.
También se solicita información precisa sobre la composición societaria de los laboratorios involucrados, HLB Pharma y Laboratorio Ramallo, así como detalles sobre cómo fue posible que se comercializaran ampollas adulteradas de una sustancia tan controlada como el fentanilo.
La decisión de enviar directamente el pedido de informes a la Presidencia de la Cámara, sin pasar por el recinto, busca acelerar la respuesta del Ministerio de Salud. Así lo propuso Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, lo que fue aceptado por todas las bancadas.
El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (UP), calificó el caso como “la peor intoxicación medicamentosa desde la creación de la ANMAT”, aludiendo a la gravedad institucional y sanitaria del episodio.
Desde el bloque Democracia, el diputado Pablo Juliano remarcó que “esto supera a la tragedia de Once y al atentado de la AMIA”, señalando que la desregulación y la falta de controles estatales podrían haber sido un factor determinante en la cadena de fallos.
Mónica Fein, diputada socialista, apuntó directamente a los propietarios de los laboratorios, recordando que en Rosario uno de ellos ya había protagonizado un grave incidente industrial con su empresa anterior. “Con ese antecedente se mudaron de provincia y repitieron el negocio”, denunció.
Por su parte, Silvana Giudici (PRO) sostuvo que el control sobre esta droga existe, dado que es un precursor del narcotráfico, pero reconoció múltiples fallas en su elaboración y respaldo la creación de una comisión investigadora en el Congreso.
Giudici también puso el foco en la lentitud judicial. “Hay 25 personas con inhibiciones, pero ninguna imputación. No hay prisión preventiva. Es la mayor crisis sanitaria causada por medicamentos en la historia del país”, sentenció.
Desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz destacó el trabajo técnico del Instituto Malbrán, que realiza los peritajes claves para establecer el momento y el lugar donde ocurrió la contaminación de las ampollas.
Tolosa Paz no evitó las críticas políticas: recordó que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2016, cuando se excluyó al fentanilo de la lista de medicamentos que requieren trazabilidad estricta. “Y hoy tenemos que oír propuestas de disolver la ANMAT. Todo lo contrario, hay que fortalecerla”, señaló.
Con el dictamen ya firmado, ahora queda en manos del presidente de la Cámara, Martín Menem, quien deberá girar el pedido de informes al Ejecutivo. No existe un plazo legal para que el Ministerio de Salud responda, pero la presión política y social crece con cada día que pasa sin respuestas.
