Este miércoles, Dina Boluarte promulgó una Ley que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa sindicados o condenados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980–2000) en Perú.
La medida, aprobada por el Congreso, desconoce la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) de suspender el trámite de la norma, lo que representa un choque directo entre la voluntad del Legislativo peruano y sus obligaciones internacionales.
Gobernantes conservadores—muchos con trasfondo militar o policial—respaldan la amnistía, argumentando que la Corte IDH vulnera la soberanía del país, a pesar de que Perú ratificó la jurisdicción de este organismo al firmar el Pacto de San José.
La promulgación se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno, en Lima, tras el regreso de la mandataria de una gira por Asia, donde visitó Japón e Indonesia, evidenciando un fuerte respaldo oficial a la medida.
El momento elegido —un día antes del 40º aniversario de la masacre de Accomarca (1985), donde fueron asesinadas 69 personas, incluidas 24 niñas y niños— intensifica la controversia y el dolor entre las víctimas y sus familias.
El impacto de la norma no es menor: se prevé que afectará decenas de procesos judiciales ligados a delitos graves cometidos contra la población civil durante la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA.
Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales alertan que esta legislación puede configurar impunidad estructural, debilitando el sistema de justicia y reavivando heridas aún abiertas.
Para muchos familiares de las víctimas, la amnistía equivale a negar la verdad y reparación. Critican que el Estado envía un mensaje de impunidad en lugar de promover justicia y reconciliación.
Desde el entorno del Ejecutivo, en cambio, se señala que la medida busca “reparar” al aparato militar-policial postconflicto y poner fin a procesos judiciales antiguos y costosos.
