El Departamento de Defensa de Estados Unidos comunicó este lunes la retirada de los 700 marines desplegados en Los Ángeles a principios de junio, en respuesta a las masivas protestas generadas por las redadas migratorias impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión llega luego de varios días de relativa calma y en medio de un prolongado conflicto político entre la Casa Blanca y el Gobierno de California.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el fin de la operación militar al considerar que se había restablecido el orden público. “El regreso de la estabilidad a Los Ángeles permite el redespliegue de las tropas, cuyo mensaje fue claro: no se tolerará la anarquía”, expresó el vocero del Pentágono, Sean Parnell, a través de un comunicado reproducido por medios nacionales.
Parnell también agradeció a los marines por su desempeño, destacando su “profesionalismo y determinación” durante un operativo que —según el Departamento de Defensa— fue clave para garantizar la seguridad y proteger infraestructuras federales.
El despliegue, sin embargo, generó una fuerte controversia desde el inicio. La orden fue emitida por el presidente Donald Trump sin el aval del gobernador de California, Gavin Newsom, ni de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas, quienes calificaron la presencia militar como una “ocupación”.
Las fuerzas federales llegaron al estado junto con 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para reforzar el control en las calles, en respuesta a manifestaciones que, si bien en su mayoría fueron pacíficas, también incluyeron algunos episodios de tensión con la policía.
La alcaldesa Bass reaccionó al anuncio de retiro señalando que la medida de Trump fue innecesaria desde el comienzo. “La gente de Los Ángeles habló. Me alegra que los soldados regresen a sus casas. Nunca debieron estar aquí”, afirmó en un video publicado en la red social X (antes Twitter).
Por su parte, el gobernador Newsom denunció que el despliegue formaba parte de una estrategia con fines electorales, acusando a Trump de utilizar recursos militares como herramienta de presión política y no por motivos reales de seguridad ciudadana.
Las tensiones entre ambos niveles de gobierno llegaron a instancias judiciales, cuando un tribunal federal de apelaciones autorizó al Ejecutivo nacional a mantener temporalmente el control de las fuerzas en el territorio, lo que reforzó la postura de la Casa Blanca frente a las críticas.
Este episodio se suma a la reciente salida de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en California, anunciada el jueves anterior, completando así el repliegue de las fuerzas desplegadas para controlar las protestas derivadas de las políticas migratorias federales.
Newsom, en respuesta a la retirada, calificó la operación como un “acto de teatro político”, y cuestionó que los soldados hubieran sido enviados como “peones” para respaldar una narrativa antiinmigrante, en un contexto de creciente polarización.
Aunque la operación militar concluye formalmente esta semana —según el Pentágono, el repliegue podría completarse el martes—, el debate sobre el uso del poder federal en conflictos internos sigue abierto y es reflejo de una disputa más amplia sobre los límites del Gobierno central frente a las autoridades estatale
