España puso fin oficialmente este domingo al estado de emergencia provocado por una devastadora ola de incendios forestales, considerada una de las más severas de las últimas décadas. El saldo: cuatro personas fallecidas, más de 350.000 hectáreas quemadas y una crisis ambiental que reavivó tensiones políticas.
La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, confirmó en rueda de prensa el cierre de este trágico capítulo. “Este episodio de incendios simultáneos a lo largo de gran parte del país ha concluido”, declaró. Sin embargo, aclaró que la campaña de incendios sigue activa y pidió mantener la vigilancia.
Barcones insistió en que el Gobierno español continúa en estado de alerta. “Nadie puede relajarse. Mantenemos todos los recursos estatales disponibles para actuar en cualquier momento”, subrayó. La funcionaria recordó que, en el peor momento de la crisis, llegaron a registrarse más de 20 incendios activos de gran magnitud al mismo tiempo.
Actualmente, solo tres focos importantes continúan ardiendo, aunque bajo control. Las condiciones meteorológicas más favorables de los últimos días fueron clave para que los equipos de emergencia pudieran estabilizar el frente de fuego.
La emergencia estuvo marcada por una ola de calor extrema, descrita por la Agencia Estatal de Meteorología como la más intensa desde que existen registros. Este fenómeno no sólo intensificó la propagación de las llamas, sino que complicó seriamente las tareas de extinción.
Las regiones más golpeadas fueron Galicia, Castilla y León, y Extremadura. Allí se concentraron la mayoría de los focos y se registraron la mayor cantidad de daños ambientales y humanos. La magnitud de la tragedia llevó al Gobierno a catalogarla como una de las peores catástrofes medioambientales en años recientes.
Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), el fuego arrasó más de 350.000 hectáreas en apenas 20 días. Cuatro personas perdieron la vida y decenas de localidades sufrieron evacuaciones y cortes de servicios esenciales.
La tragedia también encendió una fuerte disputa política. El oficialismo, liderado por el Partido Socialista, acusó a las administraciones conservadoras de minimizar los efectos del cambio climático y de desinvertir en políticas de prevención y respuesta al fuego.
Desde la oposición, el Partido Popular criticó al Gobierno central por lo que consideraron una respuesta tardía y limitada, especialmente en lo referente al despliegue de recursos militares para apoyar a los bomberos regionales.
No obstante, el Ejecutivo respondió que la Unidad Militar de Emergencias participó activamente en todos los grandes incendios, y defendió la coordinación con las autoridades autonómicas. “El esfuerzo ha sido conjunto”, enfatizó Barcones.
Con la emergencia formalmente cerrada, las autoridades nacionales y regionales ya trabajan en la evaluación de daños y en la planificación de acciones para mitigar los efectos ambientales, económicos y sociales del desastre.
