En una nueva ofensiva del Gobierno de Ecuador contra las estructuras delictivas que operan desde el sistema penitenciario, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, encabezó este domingo una masiva intervención militar en la Penitenciaría del Litoral, considerada la más grande, sobrepoblada y peligrosa del país.
El operativo, coordinado por el Bloque de Seguridad, movilizó a unidades especializadas de las Fuerzas Armadas con el objetivo de debilitar la operatividad de las bandas criminales que, desde el interior del penal, han sido señaladas por coordinar actividades ilícitas a nivel nacional.
Según un comunicado oficial, el despliegue incluyó inspecciones exhaustivas, control de armas y verificación de estructuras internas utilizadas por los grupos delictivos. El jefe del Comando Conjunto Accidental, almirante Pablo Caicedo, acompañó al ministro en la supervisión directa del operativo.
La Penitenciaría del Litoral ha sido el escenario de algunas de las peores masacres carcelarias en la historia reciente del país. Desde 2021, al menos 600 internos han sido asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales que compiten por el control del sistema penitenciario.
El Gobierno, liderado por Daniel Noboa, ha insistido en que esta acción es parte de una política de seguridad integral, que busca erradicar los centros de poder mafioso dentro de las prisiones ecuatorianas. “No hay tregua contra las mafias”, reiteró el Ministerio de Defensa.
Ecuador se encuentra bajo un régimen de “conflicto armado interno” desde comienzos de 2024, medida adoptada tras el recrudecimiento de la violencia criminal. Esto permitió al Ejecutivo decretar varios estados de excepción y avanzar en la militarización de cárceles clave.
Recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral implica un golpe directo a las estructuras delictivas más poderosas del país, muchas de ellas con conexiones internacionales vinculadas al narcotráfico.
El Ministerio de Defensa aseguró que este tipo de operativos continuarán en otras cárceles del país, priorizando aquellas con mayor actividad de grupos organizados. Se buscará además mejorar las condiciones de seguridad tanto para los internos como para el personal penitenciario.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que estas intervenciones derivan en violaciones a los derechos fundamentales, especialmente si no se garantiza la supervisión civil ni se implementan medidas estructurales a largo plazo.
El gobierno de Noboa sostiene que la prioridad inmediata es frenar la violencia y garantizar el control estatal sobre las cárceles, sin lo cual —afirman— es imposible establecer condiciones para una reforma integral del sistema penitenciario.
