El presidente de Argentina, Javier Milei firmó el veto total al proyecto de Ley 27.790, que había sido aprobado por el Congreso para declarar la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con foco en Bahía Blanca y Coronel Rosales, dos de las zonas más golpeadas por las inundaciones de marzo de este año.
El decreto presidencial 424/2025, publicado en el Boletín Oficial en la madrugada, anula la iniciativa y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia y reconstrucción de las áreas afectadas. La medida fue ratificada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La Ley sancionada el 4 de junio buscaba brindar alivio económico a los damnificados, suspender obligaciones contractuales, otorgar créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyar a sectores productivos locales, además de promover la contratación prioritaria de mano de obra de la región.
Entre las propuestas del proyecto se encontraba la creación de un fondo bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y la articulación con el gobierno provincial para eximir de impuestos y tasas a los afectados. También preveía un régimen especial de subsidios y plazos de gracia en contratos.
El Ejecutivo justificó el veto señalando que muchas de esas medidas ya se habían implementado con el decreto 238/25, dictado tras las fuertes lluvias del 7 de marzo en Bahía Blanca. Según el gobierno, este decreto creó un fondo similar de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y el programa “Suplemento Único para la Reconstrucción” (S.U.R.).
El comunicado oficial informó que el 85,43% de los beneficiarios inscriptos para el S.U.R. ya recibieron los pagos, mientras que solo el 4,01% fueron rechazados y un 10,55% continúa en análisis.
Una de las críticas del Ejecutivo al proyecto es que incluye a Coronel Rosales dentro de la emergencia, lo cual definió como “de imposible cumplimiento”, dado que la delimitación de las zonas afectadas se basó en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que solo identificaron a Bahía Blanca como epicentro del desastre.
La Agencia Federal de Emergencias respaldó esta delimitación, afirmando que se relevaron 66 barrios dentro de Bahía Blanca. Este aspecto generó controversia, ya que representantes locales de Coronel Rosales reclamaron mayor atención y recursos.
Otro argumento central del veto es la ausencia de una fuente clara de financiamiento en la ley. El Ejecutivo citó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda norma que autorice gastos indique cómo se cubrirán.
El gobierno recordó además que parte de los recursos para la ayuda provienen de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado para emergencias por desastres naturales, lo que a su juicio justifica la no necesidad de un nuevo fondo.
Respecto a la línea de créditos preferenciales para empresas y familias que contemplaba el proyecto, el decreto asegura que el Banco Nación ya tiene facultades para otorgar este tipo de asistencia financiera bajo la normativa vigente.
Con este veto, el Ejecutivo devuelve la iniciativa al Congreso y pone un freno al avance legislativo para la declaración de emergencia y la creación de nuevos recursos para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires durante el presente año.
Esta decisión ha generado un fuerte debate entre los afectados, que esperaban respuestas rápidas y una asistencia más amplia, y el gobierno, que sostiene que ya existen mecanismos en marcha para afrontar la crisis.
