Más de 2,5 kilogramos de oro, con un valor aproximado de 250 mil dólares, desaparecieron de las instalaciones de la Policía Judicial en Zamora Chinchipe, provincia amazónica del sur de Ecuador. El mineral había sido incautado a comienzos de mayo de 2025.
Luego de que el propietario del oro demostrara su legalidad, la Fiscalía autorizó su devolución. Sin embargo, al momento de retirarlo, se descubrió que el metal ya no se encontraba en la bodega policial donde había sido almacenado desde su decomiso.
El peso exacto del oro desaparecido es de 2,567 kilogramos. Por tratarse de un bien público bajo custodia estatal, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Fernando Gaón, abogado del dueño del oro, solicitó que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita, ya que las autoridades tratan el caso como hurto. Según informes, personas ajenas habrían ingresado a las instalaciones policiales para sustraer el material.
Hasta el momento, no se ha divulgado el nombre del fiscal a cargo ni detalles sobre la cadena de custodia interna. Tampoco hay información oficial sobre los registros que documenten la entrada, almacenamiento o salida del oro de la bodega policial.
La falta de comunicados públicos por parte de las instituciones involucradas ha generado inquietud en Zamora Chinchipe, una provincia con una significativa actividad minera tanto legal como ilegal. La desaparición de este oro incautado pone en tela de juicio los protocolos y controles dentro de un centro oficial de acopio, encargado de preservar evidencias y bienes decomisados en procesos judiciales.
Expertos advierten que el oro es uno de los principales vehículos para el lavado de activos en América Latina. Su alto valor, portabilidad y fácil conversión en efectivo lo hacen atractivo para redes criminales. A diferencia de otros productos ilícitos, el oro puede ingresar al mercado legal con una trazabilidad débil, facilitando que fondos ilegales provenientes de minería ilegal, narcotráfico o corrupción se blanqueen mediante transacciones aparentemente legítimas.
En Ecuador, muchas operaciones mineras ilegales terminan conectadas con el sistema formal a través de intermediarios, incluidos empresas de papel y personas sin experiencia minera que exportan oro en grandes cantidades, a menudo evadiendo impuestos.
Julia Yansura, directora para América Latina y el Caribe del informe FACT, explicó que el lavado de activos vía oro aprovecha múltiples vulnerabilidades estructurales. En Ecuador, dijo, la supervisión institucional y la cooperación interinstitucional son insuficientes para enfrentar este desafío. Yansura subrayó que la falta de trazabilidad efectiva y la permisividad en los controles permiten un entorno propicio para el blanqueo de dinero a gran escala, lo que conlleva consecuencias graves para la economía nacional y la seguridad ciudadana.
