El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó este miércoles el nombramiento de Diana Salazar como nueva embajadora ante el Gobierno de Argentina. La decisión fue comunicada a través del Decreto Ejecutivo 308, que confirma el beneplácito del presidente argentino Javier Milei para concretar la designación diplomática.
Salazar deja atrás su gestión de seis años como fiscal general del Estado, cargo que asumió en abril de 2019. Su salida se produjo luego de que la Asamblea Nacional aceptara su renuncia, una vez concluido su mandato constitucional. Durante su paso por la Fiscalía, la jurista se convirtió en una de las figuras más visibles de la lucha institucional contra la corrupción y el narcotráfico.
Desde el Ejecutivo se destacó su labor. “Ecuador reconoce y agradece el trabajo realizado por Diana Salazar durante su gestión”, señaló un comunicado oficial. La exfiscal marcó un hito al ser la primera mujer afroecuatoriana en liderar el Ministerio Público, una condición que también reforzó su impacto simbólico en un país con profundas brechas sociales.
Durante su administración, Salazar encabezó investigaciones de alto perfil, como el caso Metástasis, que reveló el nivel de infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, penitenciario y policial. La estructura criminal estaba presuntamente liderada por el narco Leandro “El Patrón” Norero, asesinado en prisión en 2022.
Otro proceso clave fue el caso Encuentro, que concluyó con la condena del empresario Danilo Carrera, cuñado del ex presidente Guillermo Lasso, por su implicación en una red de corrupción en empresas públicas. Estos casos posicionaron a Salazar como una fiscal inflexible, pero también la convirtieron en blanco de críticas, especialmente de sectores vinculados al correísmo.
Uno de los episodios más polémicos fue su manejo del caso por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. La Fiscalía acusó como presuntos autores intelectuales al ex vicepresidente Jorge Glas y al exministro del Interior José Serrano, aunque las defensas alegaron falta de pruebas materiales para sustentar las imputaciones.
Pese a que su periodo concluyó en abril de 2023, Salazar se mantuvo en funciones debido a la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. El martes, anunció su retiro a través de redes sociales, agradeciendo la oportunidad y afirmando que había cumplido con su deber. También anticipó que iniciaría una nueva etapa profesional fuera del país.
Fuentes cercanas confirmaron que la reciente maternidad de la exfiscal influyó en su decisión de alejarse temporalmente de la política judicial y aceptar el cargo diplomático. El nombramiento fue interpretado como un giro estratégico en su carrera, pero también como una salida digna tras años de alta exposición y amenazas.
A lo largo de su gestión, Salazar enfrentó múltiples intentos de destitución impulsados por el correísmo, que la acusaba de utilizar la Fiscalía como herramienta de persecución política. En 2020, lideró la causa por la que Rafael Correa fue condenado por cohecho, lo que incrementó las tensiones entre ambos frentes.
En 2023, logró evitar un juicio político al ampararse en las protecciones legales de su embarazo, una situación que generó debate público y fue leída como una maniobra legítima ante el asedio político del momento.
El presidente Noboa ha sido un respaldo clave para Salazar desde su llegada al poder. En varias ocasiones, elogió su labor en la lucha contra el crimen organizado y destacó la colaboración directa entre ambos para compartir información sensible relacionada con amenazas de muerte y redes criminales.
Diana Salazar asumirá la representación diplomática en Buenos Aires, en reemplazo de Xavier Monge. Según fuentes oficiales, ya inició los trámites para instalarse en Argentina en las próximas semanas. Su designación marca el inicio de una nueva etapa, pero también traslada a la esfera diplomática a una figura que fue central en uno de los periodos más turbulentos del sistema judicial ecuatoriano.
