El Proyecto Neptuno, concebido por el gobierno saliente de Luis Lacalle Pou, consiste en la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, departamento de San José, que tomaría agua del Río de la Plata para abastecer a Montevideo y su área metropolitana.
La obra fue adjudicada al consorcio Aguas de Montevideo, compuesto por las empresas Berkes, Saceem, Cimsa y Fast, con una inversión estimada en 304 millones de dólares. La planta proyectada tiene como objetivo cubrir aproximadamente el 30% de la demanda de agua potable de la capital uruguaya.
Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia desde su concepción, con críticas que apuntan a posibles impactos ambientales, cuestionamientos sobre la viabilidad financiera y preocupaciones acerca de la participación del sector privado en la gestión del agua.
En respuesta a estas inquietudes, el nuevo gobierno de Yamandú Orsi ha decidido suspender la ejecución del contrato por 90 días, con el fin de revisar y renegociar las condiciones del proyecto.
La suspensión temporal implica que se congela todo lo que fue firmado por la administración anterior, permitiendo una revisión exhaustiva de los términos acordados. Además, se ha establecido una mesa de trabajo permanente entre el gobierno y el consorcio para abordar las posibles modificaciones al contrato.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ha expresado la “visión crítica” del nuevo gobierno respecto a la megaobra, destacando la necesidad de garantizar la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Por otro lado, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, ha reconocido la urgencia de encontrar soluciones para el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana, especialmente tras la grave sequía que afectó al país en 2023.
La crisis hídrica de 2023 evidenció la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de agua de Montevideo, cuando el agua suministrada a la población presentaba niveles de salinidad inusuales debido a la baja de los niveles en el embalse Paso Severino.
Ante esta situación, el gobierno de Lacalle Pou impulsó el Proyecto Neptuno como una solución a largo plazo para diversificar las fuentes de agua potable y reducir la dependencia del sistema tradicional.
No obstante, la administración de Orsi ha manifestado que, si bien reconoce la necesidad de obras para garantizar el abastecimiento, considera que el proyecto Neptuno no es la mejor opción y prefiere priorizar otras alternativas.
Una de las propuestas del nuevo gobierno es la construcción de una represa en Casupá, en el departamento de Florida, sobre un afluente de agua dulce, lo que permitiría una fuente más estable y menos susceptible a variaciones climáticas.
La renegociación del Proyecto Neptuno se presenta como un desafío para el gobierno de Orsi, que busca equilibrar la necesidad de infraestructura hídrica con el respeto al medio ambiente y la gestión responsable de los recursos públicos.
