El gobierno de Javier Milei ha tomado la controvertida decisión de eliminar el Instituto Nacional del Cáncer (INC), un organismo creado en 2010 con el propósito de liderar la investigación, prevención y tratamiento del cáncer en Argentina. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Salud, las funciones del INC serán absorbidas por el Ministerio, lo que, aseguran, permitirá mejorar la eficiencia en el control y tratamiento de la enfermedad.
En su justificación, el Ministerio de Salud señaló que la medida busca eliminar la duplicidad de tareas y tener un mayor control de las acciones. Argumentaron que se detectaron problemas logísticos dentro del INC, como la entrega de medicamentos cercanos a su vencimiento, compras ineficientes y estructuras duplicadas. En particular, señalaron que tareas como la vigilancia epidemiológica del cáncer ya eran responsabilidad de otras dependencias, como la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica.
El Ministerio también insistió en que la eliminación del INC no afectará a los programas existentes, como la entrega de medicamentos y los tratamientos oncológicos. Se destacó que la reestructuración es simplemente un “cambio administrativo” destinado a garantizar la calidad de atención a los pacientes.
Sin embargo, la decisión de disolver el Instituto se produce en un contexto delicado para el sistema de salud argentino. Esta medida se toma poco después de la renuncia de varios médicos de áreas clave dentro del Ministerio de Salud, como las direcciones de Vacunas, VIH, Tuberculosis y Lepra. Estas dimisiones se habrían originado por lo que algunos consideran un “desmantelamiento” de estas áreas desde el inicio del gobierno de Milei.
En febrero, ya se había dado de baja el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, dependiente del INC, el cual formaba médicos especializados en aliviar el dolor severo en pacientes con cáncer. La suspensión de este programa y la paralización de la compra de opioides, como morfina y metadona, fueron denunciadas por la médica Mariana Pechenik. Ella alertó que esta situación afectaría gravemente a la calidad de vida de los pacientes y aumentaría la prevalencia de enfermedades asociadas al cáncer sin un adecuado alivio del dolor.
La controversia se intensificó cuando los pacientes oncológicos comenzaron a reportar problemas para acceder a sus tratamientos. Muchos se encontraron con dificultades para obtener medicación vital o no recibieron las dosis prometidas por el Estado. Estas denuncias se han multiplicado en medios de comunicación, generando un clima de incertidumbre en la comunidad médica y entre los pacientes afectados.
El INC había sido creado en 2010 bajo la premisa de desarrollar políticas públicas de prevención y control del cáncer, promoviendo la investigación y apoyando a pacientes y familias. En 2016, el Congreso de la Nación determinó que el INC fuera un organismo descentralizado con autonomía administrativa y financiera, garantizando su independencia en la toma de decisiones.
Por otro lado, el Ministerio de Salud, al anunciar la absorción del INC, recalcó que esta medida se enmarca en un proceso de optimización de los recursos y de mayor coordinación interna. Aseguraron que la decisión no significará la suspensión de programas de atención a pacientes con cáncer, sino que se trataría de una reorganización para reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en la administración.
La disolución del INC, sin embargo, ha sido vista por muchos como un retroceso en el sistema de salud pública, especialmente en un país donde la lucha contra el cáncer se ha vuelto cada vez más urgente. La comunidad médica y los pacientes temen que la medida derive en la pérdida de un organismo clave para la atención y prevención del cáncer en Argentina, en un contexto donde la enfermedad sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país.
Por su parte, las organizaciones que defienden los derechos de los pacientes oncológicos y las asociaciones médicas han expresado su preocupación por las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre la atención a los enfermos. Consideran que la disolución del INC, lejos de ser una optimización, podría resultar en una merma en los recursos destinados al tratamiento de la enfermedad.
