El Gobierno de Argentina confirmó que firmará la Ley de Discapacidad tras el rechazo del veto del presidente Javier Milei, pero aclaró que no la reglamentará hasta determinar cómo se financiará su implementación.
La medida fue promovida por la oposición y recibió apoyo masivo en ambas cámaras, incluso de fuerzas que habían sido aliadas al oficialismo. Superó ampliamente los dos tercios necesarios para anular el veto.
Guillermo Francos, jefe de Gabinete, afirmó que la Ley será promulgada, pero condicionó su entrada en vigor a la definición clara de partidas presupuestarias.
Francos advirtió que no corresponde endilgarle al Ejecutivo la falta de recursos sin que el Congreso establezca las fuentes de financiamiento —pregunta clave: ¿de dónde se recorta si se prioriza este gasto?
El Congreso estimó que la nueva ley podría incorporar entre 493.000 y 946.000 beneficiarios adicionales, con un costo fiscal de entre $ 1,889,371 millones y $ 3,627,495 millones, lo que equivaldría a entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Dentro del presupuesto estimado, se incluyen $ 278.323 millones para compensaciones de emergencia a prestadores y $ 7.160 millones para talleres productivos vinculados al sistema de discapacidad.
La Ley fue impulsada en un contexto de crisis en el sistema de atención en discapacidad: recursos congelados, reducción de beneficiarios tras cuestionadas auditorías, y alta demanda de cambios urgentes por la sociedad civil.
Diego Spagnuolo, ex titular de la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue removido luego de que emergieran audios que denunciaban una trama de corrupción vinculada a droguerías y malas prácticas en la gestión de prestaciones.
Aunque la Ley se aprobó antes de que estallaran esos escándalos, la difusión de esos casos fortaleció el apoyo político, al generar más presión pública para reformas.
Algunos sectores oficiales habían adelantado que recurrirán a la Justicia para impedir la aplicación de la norma; ahora, Francos sostuvo que la promulgación será efectiva, pero que la reglamentación esperará definiciones presupuestarias claras.
Entre los artículos clave se incluye la Pensión No Contributiva por Discapacidad, con requisitos como Certificado Único de Discapacidad, ingreso inferior a dos salarios mínimos, y compatibilidad con empleo registrado si no se superan topes. También se establece el 70% del haber mínimo jubilatorio como monto de referencia.
La norma fortalece además el sistema de prestaciones básicas y crea mecanismos automáticos de ajuste, regularización de deudas fiscales y prestacionales, y respaldo institucional para ANDIS. Aun así, críticos advierten que sin recursos garantizados todo ello podría quedar en papel.
